Investigan millonario robo de energía: acusan a empresario y a un operario en 25 de Mayo

Una causa de alto impacto avanza en la Justicia sanjuanina por un presunto robo millonario de energía eléctrica en el departamento 25 de Mayo. La investigación tiene a dos imputados y un perjuicio económico estimado en $489 millones para la empresa distribuidora Naturgy.

Entre los acusados se encuentra el empresario brasileño Leginaldo De Oliveira, quien negó haber cometido irregularidades y aseguró ante el juez que desconocía cualquier maniobra ilegal. “Para mí estaba todo de diez”, afirmó durante la audiencia.

El otro imputado es Enzo Sebastián Salinas, empleado de una empresa subcontratista vinculada al servicio eléctrico, a quien los investigadores señalan como el presunto responsable de ejecutar las maniobras para sustraer transformadores y montar una conexión clandestina.

Ambos fueron detenidos días atrás y comparecieron ante el juez de garantías Federico Rodríguez, en el marco de una investigación impulsada por la UFI Delitos contra la Propiedad, a cargo de la fiscal Claudia Salica y la ayudante fiscal Verónica Prividera.

En el caso de Salinas, enfrenta cargos por encubrimiento agravado, hurto en grado de tentativa y defraudación en la administración de bienes ajenos. El magistrado ordenó su detención por 45 días mientras avanza la investigación.

Por su parte, De Oliveira fue imputado por encubrimiento por receptación y hurto de energía eléctrica. Recuperó la libertad bajo reglas de conducta, luego de que su defensa acreditara arraigo en el país, con propiedades y actividad empresarial en San Juan y Mendoza.

La investigación se inició el pasado 25 de febrero, tras la denuncia por la sustracción de un transformador. A partir de allí, los pesquisas llegaron hasta una finca ubicada en la zona de Punta del Agua, donde detectaron una compleja instalación ilegal.

En el lugar hallaron tres transformadores pertenecientes a Naturgy, que habían sido robados entre 2023 y 2024, además de un tendido eléctrico clandestino de más de 3.000 metros conectado directamente a la red de media tensión.

El sistema incluía postes, cableado y otros elementos de la empresa, algunos de ellos retirados de la infraestructura pública. La energía era utilizada principalmente para tareas de riego y extracción de agua, sin medición ni autorización.

Según las estimaciones oficiales, el consumo irregular sostenido durante los últimos cuatro años generó un perjuicio cercano a los $489 millones.

Para la fiscalía, Salinas habría aprovechado su rol dentro de la empresa contratista para desviar los equipos y montar la conexión ilegal. En tanto, consideran que el empresario fue el principal beneficiario del sistema.

Durante su declaración, De Oliveira reconoció haber pagado millones por la instalación, aunque insistió en que creía que todo estaba dentro de la legalidad. No obstante, no pudo justificar la ausencia de registros de consumo ni de pagos por el servicio eléctrico.

Como parte de las medidas dispuestas, la Justicia ordenó preservar los transformadores y el tendido eléctrico en la finca hasta completar las pericias. La causa continúa en etapa preliminar y no se descarta que se amplíen las imputaciones en un caso que combina robo de infraestructura, fraude y uso ilegal de energía a gran escala.