Investigan a un policía sanjuanino por incendiar el auto de su expareja en Santa Lucía
Jorge Luis Correa, de 28 años, fue imputado por incendio y daño tras el ataque ocurrido mientras la víctima estaba en su casa con sus hijos. La mujer había pedido protección semanas antes y el agente ya contaba con antecedentes por violencia de género.
Un nuevo episodio de violencia de género e impunidad vuelve a salpicar a la Policía de San Juan. Un agente de la fuerza, identificado como Jorge Luis Correa (28), fue imputado por la Justicia tras ser acusado de haber prendido fuego el automóvil de su expareja en el departamento Santa Lucía, en un hecho perpetrado durante la madrugada del pasado domingo 13 de septiembre.
El violento ataque ocurrió cerca de la 1:10, mientras la víctima descansaba en su vivienda junto a sus hijos. Un vecino alertó a la familia al advertir que el Renault 12 estacionado en el frente se encontraba envuelto en llamas, las cuales amenazaban con propagarse hacia el techo del inmueble. Gracias al rápido accionar de los colindantes, que sofocaron el fuego con agua y tierra, se evitó un desastre mayor, aunque el vehículo sufrió pérdidas de consideración y la fachada del domicilio resultó con daños.
Los peritajes de Bomberos confirmaron que el siniestro fue intencional. Además, dos testigos clave señalaron haber visto a un hombre vestido de negro huir del lugar a bordo de una motocicleta tipo enduro, de características idénticas a la que utiliza habitualmente el efectivo imputado.
Desprotección y antecedentes impunes
La víctima y Correa habían terminado su relación en junio tras reiterados conflictos. Ante el persistente hostigamiento del agresor, la mujer acudió el pasado 14 de agosto a la Dirección de Género para solicitar medidas de protección urgentes; sin embargo, hasta el momento del atentado, la Justicia Civil no la había notificado de ninguna resolución.
Este no es el primer choque de Correa con la ley. En 2024, el agente había sido denunciado por otra expareja por agresiones físicas en el fuero de Flagrancia, bajo la carátula de lesiones leves agravadas por el vínculo y violencia de género. En aquel proceso, el uniformado no recibió condena: accedió a una suspensión de juicio a prueba (probation) por un año, mantuvo restringido el uso de su arma reglamentaria y fue relegado a labores administrativas.
Imputación y tobillera electrónica
En la audiencia de formalización, la fiscal Alejandra Bazán y la ayudante fiscal Beatriz Vaca (UFI CAVIG) presentaron como pruebas los peritajes, declaraciones testimoniales y el secuestro de un bidón con tres litros de thinner hallado en el domicilio del acusado. Por estos elementos, la Fiscalía le imputó de manera provisoria los delitos de incendio, daño y estragos.
El juez de Garantías Federico Rodríguez otorgó un plazo de investigación preparatoria de ocho meses. Si bien el policía recuperó la libertad, la Justicia ordenó la colocación de una tobillera electrónica por cuatro meses para monitorear sus desplazamientos y garantizar la prohibición de acercamiento hacia la víctima.
Rivero. C
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