Investigan a cuatro droguerías por una maniobra en ANDIS que habría generado sobreprecios millonarios

Una investigación de la Fiscalía Federal reveló un presunto entramado de irregularidades en la adquisición de medicamentos e insumos por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Según el dictamen, al menos $37.000 millones habrían sido desviados mediante un sistema de licitaciones restringidas que favoreció a cuatro droguerías específicas, en perjuicio del Estado y de los beneficiarios del Programa Incluir Salud.

De acuerdo con la pesquisa, la maniobra se sostenía en compulsas de precios “reducidas” o “acotadas”, procesos que funcionaron en paralelo a las licitaciones regulares. Mientras los concursos abiertos contaban con la participación de alrededor de quince oferentes, en las compulsas restringidas intervenía siempre el mismo grupo de cuatro empresas, lo que reducía artificialmente la competencia y permitía manipular los valores ofertados.

El esquema se habría aplicado sobre todo a medicamentos de Alto Costo y Baja Incidencia, usados en tratamientos prolongados para personas con discapacidad. En 21 procesos analizados, Droguería Profarma S.A. y Droguería Génesis S.A. habrían concentrado el 93,11% de las adjudicaciones, por un total de $30.337 millones. Las firmas New Farma S.A. y Droguería Floresta S.A., por su parte, habrían operado como oferentes “pantalla” para simular competencia en procesos presuntamente direccionados. La Fiscalía definió este funcionamiento como un “circuito cerrado de adjudicaciones previamente coordinado”.

Los investigadores identificaron además diferencias abismales entre los precios de las compras regulares y los de las compulsas restringidas. Un caso emblemático es el del Macitentan, un medicamento para hipertensión pulmonar, adquirido en noviembre de 2024 a $411.764 por unidad en una licitación general y, apenas tres días después, a $8.290.000 en una compulsa acotada. Situaciones similares se detectaron con el Burosumab, que en compras restringidas llegó a pagarse hasta $45 millones, frente a los $21 millones abonados en procesos competitivos. El dictamen aclara que estas variaciones no se explican por inflación ni por diferencias en la calidad de los productos.

La investigación también apunta a una presunta estructura organizativa que vincularía a funcionarios con empresarios del sector. Entre los imputados figuran el exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo, y el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini. Además, se mencionan a dos supuestos “funcionarios sin cargo”, Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete, quienes habrían ejercido influencia informal en decisiones clave de la Agencia. Entre las pruebas reunidas se incluyen intercambios de mensajería que referirían a transferencias de dinero en efectivo y registros de cámaras de seguridad que documentan encuentros entre los investigados.

El juez federal Sebastián Casanello citó a indagatoria a quince personas —funcionarios, intermediarios y empresarios— para el próximo miércoles. La causa sigue abierta y busca determinar el alcance completo de las presuntas irregularidades y el posible perjuicio económico para el Estado.