El escándalo por los presuntos alquileres ilegales en el predio del Centro de Educación Física N°20 (La Granja), en Santa Lucía, sumó un nuevo capítulo judicial. A través de su hija y abogada defensora, Marisel Sanz, Mario Sanz volvió a solicitar que se le conceda el beneficio de la probation, es decir, la suspensión del juicio a prueba, que incluye tareas comunitarias y una compensación simbólica por el perjuicio causado.
Sanz es uno de los tres imputados en una causa que investiga más de 800 hechos de peculado, estafa y administración fraudulenta ocurridos entre 2019 y 2022. Según el Ministerio Público Fiscal, se cobraban sumas por alquileres de canchas, estacionamientos y otros servicios sin el debido control estatal, mediante la cooperadora del CEF N°20, que dirigía Sanz. También están imputados el exfuncionario Miguel Jofré y el docente Daniel Samat.
El planteo de probation había sido rechazado por la jueza Gema Guerrero por falta de fundamentos y por haberse presentado fuera del momento procesal adecuado. Sin embargo, el juez de Impugnación, Benedicto Correa, consideró válido escuchar el pedido, y fue respaldado por la Corte de Justicia.
Durante la audiencia de este jueves, la abogada de Sanz insistió con el beneficio, y su pedido fue acompañado por el defensor de Jofré, Franco Montes. No obstante, el fiscal de Impugnación, Fabrizio Médici, reiteró la negativa del Ministerio Público, argumentando la gravedad de los delitos, la necesidad de llevarlos a juicio y la pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos que se solicita. La Fiscalía de Estado, querellante en la causa, también ratificó su oposición.
De prosperar el beneficio, Sanz podría evitar el juicio y ser sobreseído si cumple con las condiciones impuestas. Esto es precisamente lo que los acusadores intentan evitar, en una causa que consideran de alto impacto institucional.
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