Víctor Bazán, representante de la asociación, declaró que la situación se ha vuelto insostenible para muchos inquilinos, especialmente después de la derogación de la Ley de Alquileres.
Bazán describió la situación actual como una «tierra de nadie», donde no existe un marco jurídico claro que regule los contratos de alquiler. La devaluación y la inflación han exacerbado la crisis, dejando a los inquilinos en una situación de vulnerabilidad económica sin precedentes. «No hay bolsillo que aguante», afirmó Bazán, resaltando la dificultad de mantener un hogar alquilado en estas condiciones.
La asociación ha llevado a cabo encuestas para entender mejor cómo se está alquilando en la actual «era de Milei». Además de los aumentos de precios, Bazán señaló irregularidades en el acceso a servicios básicos como la electricidad, donde a menudo un solo medidor sirve para varios inquilinos, generando problemas de reparto y costos elevados que, en algunos casos, igualan el costo del alquiler.
Bazán explicó que los nuevos contratos, ajustados únicamente por el índice inflacionario cada dos o tres meses, son especialmente duros para los inquilinos, ya que implican incrementos continuos y significativos en los pagos de alquiler. Esto ha resultado en una mayor oferta de propiedades, ya que muchas personas se ven obligadas a regresar a vivir con sus familias o simplemente no pueden afrontar los costos.
El costo de alquilar un inmueble de un ambiente en zonas como Capital, Rivadavia o Santa Lucía varía entre $100,000 y $150,000, mientras que en áreas más alejadas como Rawson y Chimbas, los alquileres son más económicos. Bazán hizo un llamado a ajustar los precios al valor real de los inmuebles, en lugar de seguir las tendencias inflacionarias del mercado.
La Asociación de Inquilinos Sanjuaninos critica la falta de acción del Gobierno Nacional y otros organismos legislativos y judiciales. Según Bazán, no se han tomado medidas concretas para aliviar la situación de los inquilinos, como la eliminación de la comisión inmobiliaria o la revisión de contratos abusivos. Actualmente, tienen un amparo presentado en la Justicia Sanjuanina que aún no ha sido resuelto.
Finalmente, Bazán subrayó que el 30% de los ciudadanos de San Juan están afectados por esta problemática y solicitó una intervención justa y equitativa del gobierno. «No queremos que nos regalen nada, queremos que sea justo porque en definitiva somos personas que vivimos bajo un techo y la única manera de llegar a una vivienda es a través de un alquiler», concluyó.
Op: Juan Llarena
Los comentarios están cerrados.