Acuerdo con el FMI: la misión de conseguir el menos malo de lo peor

Con el probable cierre de un nuevo programa con el Fondo Monetario, que reemplazará el fiasco técnico, financiero y político definido durante el gobierno de Macri, quedará plasmado el drama económico y social que significa haberlo reintroducido como auditor permanente de la economía. Estados Unidos es el dueño del FMI y es la llave política para la aprobación del acuerdo.

No existe un acuerdo bueno con el FMI. Se puede evaluar que la negociación ha sido relativamente exitosa si el saldo resulta en el menos malo de los programas posibles. Puede ser que, cuando el nuevo «memorándum de entendimiento» sea operativo, el mundo de la política, empresarial y social tome dimensión del drama económico-financiero que significa haber reintroducido al Fondo como auditor de la economía argentina. Esta tarea se prolongará por años.

La historia expone que la participación del FMI en la economía argentina no ha sido un factor que colaboró a la estabilidad, sino que, por el contrario, fue un actor relevante de crisis devastadoras:

1. La hiperinflación de Alfonsín, cuando terminó de cerrar el grifo de financiamiento luego de años de permanente presión para la aplicación de medidas de ajuste que debilitaron la legitimidad política del primer gobierno de la democracia recuperada.

2. El estallido de la convertibilidad de Menem-De la Rúa, cuando avaló durante diez años la ficción monetaria del 1 a 1, para terminar de arrojar al precipicio ese engendro teórico y práctico al frenar uno de los desembolsos del denominado «blindaje» financiero.

3. La entrega del insólito y desproporcionado crédito por 57 mil millones de dólares, de los cuales desembolsó poco más de 44 mil millones, para salvar el gobierno de Mauricio Macri, al tiempo de avalar una sucesión de fuertes devaluaciones que derivaron en un shock inflacionario y el consiguiente golpe sobre los ingresos de los sectores populares. Crisis socioeconómica que aún se sigue padeciendo.

De 65 años, en 41 estuvo el Fondo

La economista Noemí Brenta es una de las investigadoras que más ha estudiado la relación traumática de Argentina con el Fondo Monetario Internacional. En un artículo publicado en «Voces del Plan Fénix» precisa que en los 65 años transcurridos desde el ingreso al organismo en 1956, dispuesto por la dictadura que derrocó a Juan Domingo Perón, hasta el último crédito entregado al gobierno de Macri, Argentina estuvo bajo acuerdos en 41 años.

Si se considera que los programas del FMI están contemplados para otorgar financiamiento transitorio, queda en evidencia que lo excepcional, en el caso de la relación con la Argentina, se convirtió en norma. Durante este largo período, el Fondo aprovechó cada solicitud de financiamiento para presionar por la implementación de medidas regresivas en materia económica.

Brenta explica que gobiernos de variados signos políticos recurrieron al FMI para afrontar las periódicas crisis de la balanza de pagos o, simplemente, para sostener programas económicos amigables con las grandes potencias occidentales y el capital financiero internacional. «Pero los resultados pregonados de ‘sentar las bases para un crecimiento sostenido’, expresión que figura en todos los acuerdos, nunca llegaron de su mano», apunta.

Años libres del cepo FMI

Brenta detalla cuáles fueron los períodos políticos en los que la economía pudo estar sin la asfixia del cepo FMI. Hasta enero de 2006, cuando el gobierno de Néstor Kirchner canceló anticipadamente la deuda con el Fondo, sólo durante nueve años desde 1956 el país no estuvo bajo acuerdos con el organismo.

Cuatro de esos años transcurrieron bajo gobiernos que aplicaron políticas heterodoxas:

1. En 1964 y 1965 durante la presidencia de Arturo Umberto Illia, de la Unión Cívica Radical.

2. En 1973 y 1974, en las presidencias del Frente Justicialista de Liberación, de Héctor José Cámpora y Juan Domingo Perón, quien canceló el escaso monto adeudado al FMI antes de su vencimiento.

3. Otros cinco años libres de acuerdos corresponden a gobiernos militares que previamente solicitaron acuerdos stand by para acceder a otros préstamos internacionales: 1970-1971 y 1979-1981, período este último de sobreendeudamiento externo.

Desde 1982 hasta 2004 la economía argentina estuvo permanentemente bajo programas del FMI o buscando su aprobación. El 2005 fue el primero completo sin acuerdos con el FMI y sin buscarlos, luego de que en septiembre de 2004 el gobierno de Kirchner suspende el stand by vigente a fin de renegociar la deuda pública externa sin la presión del organismo.

Desde entonces hasta el 2018 fueron doce años sin ningún programa condicionante de la política económica, cuando el gobierno de Macri terminó abrazado en forma desesperada al FMI para evitar su derrumbe. Con esa decisión irresponsable solamente para facilitar la salida de capitales financieros que se habían subido a la inmensa bicicleta financiera ofrecida durante la primera mitad de su mandato, Macri dejó la peor herencia posible.

Esta terrible herencia no es sólo por el regreso del Fondo, sino también por el monto de la deuda involucrada, que termina por definir una relación prolongada, salvo que en los próximos años pueda aparecer alguna alquimia financiera-diplomática que permita trocar ese pasivo con otros que no impliquen tantos condicionamientos.

Vehículo de presión

El Fondo Monetario Internacional, además de ser el auditor de los acreedores, y en esta oportunidad de sus propios intereses al ser el principal y privilegiado acreedor, es utilizado por el establishment como vía de presión al gobierno de Alberto Fernández para que acepte las medidas de ajuste tradicionales: más rápido reducción del déficit fiscal, mayor restricción de la política monetaria y meta más ambiciosa de acumulación de reservas. Esta receta implica un sendero de menor crecimiento económico con todo lo que ello implica en términos de bienestar general.

El bloque de poder económico local ha utilizado y lo sigue haciendo al Fondo como instrumento de extorsión a los gobiernos que resisten las políticas de ajuste.

Brenta apunta que la obligación de consultar con el FMI toda medida fuera de su libreto cercena la soberanía y limita el horizonte de desarrollo. Mucho más porque el Fondo no es una institución meramente técnica ni neutral, sino que responde principalmente a los intereses estratégicos y económicos de Washington, donde tiene su sede central, y del capital financiero global, que logra influir en las decisiones del organismo a través de canales institucionales y de mecanismos informales.

Tutelar la economía

El regreso de las auditorías trimestrales y anuales del FMI, con reportes oficiales diarios, semanales y mensuales de la evolución de las variables bajo supervisión de sus técnicos, tiene una carga simbólica y política impactante en términos de soberanía.

Simbólica por lo que ha significado la acción del Fondo como entidad tutelar de la economía. Y política por la relación de subordinación de gobiernos solicitando paquetes financieros o de refinanciación de una deuda impagable.

En cualquier acuerdo con el FMI existen dos planos de evaluación: uno es el técnico, referido a las proyecciones de variables macroeconómicas como parte de un programa económico global que, en general, incluye reformas estructurales.

El otro es el político, instancia que se ubica por encima de la tecnoburocracia de Washington y que, en definitiva, constituye la llave principal para abrir la posibilidad de cerrar un acuerdo o, como ha sucedido en 2001, para hacer naufragar un programa financiero y dar así el último empujón para la caída del gobierno de Fernando de la Rúa.

Brenta advierte que dada la mala experiencia histórica de la Argentina bajo programas del FMI y que el organismo sólo cambió superficialmente, que continúa con sus prácticas e ideología habituales, y que constituye un instrumento de la política geopolítica de Estados Unidos, como muestran los acuerdos con Ecuador o Pakistán, «sería deseable para escapar de un futuro miserable reducir fuertemente esta deuda y salir cuanto antes de la tutela del FMI, a fin de recuperar el control de la economía nacional y la capacidad de seguir un rumbo de desarrollo e inclusión».

Los países son socios

Argentina es un país de relativa importancia en el FMI. Ocupa el puesto 32 entre los 190 países miembros por su participación en el capital: tiene el 0,66 por ciento del total. Esto le confiere una inserción destacada entre los países emergentes en la estructura del FMI. Es el miembro con mayor peso en el área que integra junto con Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay.

Por ello el representante de Argentina suele ocupar una de las 24 sillas del directorio del FMI, titular o suplente, en forma alternada con los otros países de ese grupo de países latinoamericanos.

Esta cuestión institucional es importante para contextualizar el descomunal crédito que hoy es una carga pesadísima, puesto que se concretó con un organismo multilateral en el cual Argentina es socio.

Es un consorcio mundial integrado por países; no por bonistas privados. Los socios-países dominantes son potencias económicas, sobresaliendo Estados Unidos.

Arma de las potencias

El FMI es una institución multilateral internacional pero es, fundamentalmente, una herramienta al servicio de las potencias económicas que, a la vez, se ocupan de proteger y beneficiar los intereses de sus multinacionales y bancos.

Por eso las medidas se discuten y se ejecutan con el staff técnico del FMI, pero las decisiones clave están en la órbita de la política exterior. O sea, el FMI es en términos políticos argentinos «una orga de poder» integrada por países, diseñada en cuotas con socios que tienen más cuotas que otros.

Vale el siguiente ejemplo para ilustrar la preponderancia de la política internacional sobre la cuestión técnica-burocrática del staff: en 2014, el FMI iba a participar del juicio buitre contra Argentina como amicus curiae (amigo de la corte o amigo del tribunal) a favor del país.

Amicus es una expresión utilizada para referirse a presentaciones realizadas por terceros ajenos a un litigio, que ofrecen voluntariamente su opinión para colaborar con el tribunal.

Pero el Directorio, o sea las potencias económicas, bloqueó esa posibilidad. Es decir, la decisión política definida por los gobiernos de las potencias (bajo el dominio de Estados Unidos), no por el staff técnico del FMI, fue beneficiar a los buitres en contra de Argentina.

El poder dentro de la «orga» fondomonetarista

¿Cómo es la distribución del capital del FMI de acuerdo a la cuota (participación) de cada país en la institución?

La última actualización publicada en la página del Fondo ofrece el siguiente reparto: Estados Unidos posee 16,50 por ciento de las «acciones» del capital del Fondo. Le sigue Japón con 6,14 y China con 6,08 por ciento y, luego aparecen Alemania con 5,31, Francia y Gran Bretaña con 4,03 cada uno, e Italia con 3,02. De esta manera, siete países concentran 45,11 por ciento de las cuotas del FMI.

En los hechos, el dueño del FMI es Estados Unidos porque tiene poder de veto implícito, atributo que no tiene ningún otro país de la institución.

El veto se constituye al poseer el 16,50 por ciento de los votos y los acuerdos financieros especiales, como el que se define con Argentina, y modificaciones estructurales del organismo necesitan el 85 por ciento de los votos.

Una observación sencilla de esas cifras revela el dominio absoluto que tiene Estados Unidos en el FMI. No se puede hacer nada si no es con su aprobación. Por eso, más allá de que el cargo de director gerente corresponda siempre a una figura europea, el espacio de mayor poder efectivo es para el número dos de la institución, que siempre es estadounidense. Hoy ese puesto está a cargo de Geoffrey Okamoto, quien lo dejará para ser reemplazado el 21 de enero próximo por la actual economista jefa del organismo, la estadounidense de origen india Gita Gopinath.

La descripción de cómo está organizado y cómo se reparte el poder en el Fondo Monetario sirve para evaluar que un eventual default argentino no sería de una deuda en bonos en carteras de fondos de inversión, sino que sería de un préstamo que tiene como principales acreedores a Estados Unidos y otras potencias.

A esas manos, una vez más, un gobierno neoliberal ha arrojado a la economía argentina.

FUENTE: PÁGINA 12

OPERADOR: ANA PAULA CARRASCO

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