Imputaron a un enfermero del Hospital Rawson por el presunto robo de 55 ampollas de un potente opioide

Un enfermero del Hospital Guillermo Rawson quedó formalmente imputado en una causa penal que investiga la sustracción de 55 ampollas de tramadol, un analgésico opioide sujeto a estricto control médico. El sospechoso fue identificado como Andrés Figueroa, un profesional de origen tucumano radicado en el departamento Santa Lucía, quien se desempeña en el nosocomio estatal desde el año 2020.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, las maniobras delictivas habrían comenzado en marzo pasado, coincidiendo con el regreso de Figueroa al Área de Terapia Intensiva de Adultos luego de cumplir una licencia médica por una cirugía de rodilla. La investigación penal preparatoria busca determinar cómo el acusado lograba burlar las auditorías contables del centro de salud.

El “modus operandi” y la detección del faltante

La clave del caso radica en el sistema PIXIS, un moderno armario automatizado de farmacia hospitalaria que custodia los fármacos de alta complejidad y al que solo se puede acceder mediante validación biométrica. Según la acusación:

• Figueroa ingresaba al dispositivo validando su huella digital para retirar legalmente el tramadol.

• Posteriormente, realizaba modificaciones o anulaba de forma digital las operaciones en el software del sistema.

• Mediante este mecanismo, el stock virtual se mantenía adulterado para que no coincidiera con las unidades reales remanentes.

El hecho no fue detectado inicialmente por los controles automáticos del hospital, sino por la alerta de un compañero de trabajo que advirtió marcas de inyecciones y hematomas en los brazos de Figueroa. Ante la sospecha, las autoridades solicitaron un reporte histórico de movimientos del dispositivo digital y una auditoría posterior confirmó que las 55 dosis faltantes nunca fueron suministradas a los únicos dos pacientes de la terapia que tenían indicada esa medicación específica.

Calificación legal y controversia en la audiencia

Durante la audiencia de formalización, los fiscales de la UFI Delitos Especiales encuadraron el hecho bajo el delito de peculado. Sin embargo, la querella en representación del Estado provincial consideró que la maniobra configura una estafa y sugirió que el destino final de las ampollas podría haber sido la comercialización ilegal en el mercado negro. Por su parte, la defensa técnica del enfermero rechazó la totalidad de los cargos y solicitó de manera urgente una pericia toxicológica para demostrar que su cliente no consume la sustancia.

El cierre de la jornada judicial estuvo marcado por un fuerte llamado de atención de la jueza de Garantías, Carolina Parra, hacia el Ministerio Público Fiscal. La magistrada criticó la falta de solidez de la fiscalía para argumentar restricciones cautelares más severas y optó por dictar únicamente la prohibición de entorpecer el proceso. Actualmente, Figueroa continúa cumpliendo funciones dentro del Hospital Rawson, aunque fue reubicado provisionalmente de sector.

POR LIC. EUGENIA VILA