Un empleado del Poder Judicial de San Juan fue formalmente imputado por tenencia y ofrecimiento de material de abuso y explotación sexual infantil, tras una audiencia realizada el 12 de febrero. La causa se tramita bajo el artículo 128 del Código Penal y el acusado permanecerá en libertad durante el proceso, aunque con restricciones judiciales.
El juez de Garantías Mariano Carrera dio por formalizada la Investigación Penal Preparatoria en el marco del legajo MPF-SJ-24907-2025, fijando un plazo de diez meses para la pesquisa. La acusación es impulsada por el Ministerio Público Fiscal, representado por el fiscal Pablo Martín, junto a su equipo de colaboradores.
Según se expuso en la audiencia, la investigación se originó a partir de un reporte de la CyberTipline del National Center for Missing and Exploited Children, canalizado a la provincia mediante el sistema de cooperación internacional 24/7. La hipótesis fiscal sostiene que desde una cuenta digital se habría compartido un archivo con contenido ilegal, la cual pudo vincularse técnicamente con direcciones IP y servicios contratados a nombre del imputado.
La pesquisa incluyó requerimientos de información a empresas tecnológicas y el análisis de dispositivos asociados a las cuentas investigadas. En ese marco, el 29 de diciembre de 2025 se realizó un allanamiento en un domicilio del departamento Rivadavia, con resultado positivo. Durante el procedimiento se secuestró, entre otros elementos, un teléfono celular que quedó a disposición para peritajes.
Como medidas coercitivas, el acusado tiene prohibido salir de la provincia sin autorización judicial y le fueron retenidos los documentos de viaje. La defensa está a cargo de Cecilia Mutt, de la Defensoría Oficial N.º 15.
Fuentes judiciales indicaron que, al tomar conocimiento del caso, las autoridades dispusieron que el trabajador pase a cumplir funciones secundarias hasta tanto exista una eventual resolución de fondo. Además, se informó que registraba un sumario administrativo previo por cuestiones de conducta.
En el plano político, el imputado tuvo militancia en el Partido Justicialista y comenzó su actividad en una agrupación vinculada al fallecido diputado Pedro Mallea. También trabajó en la Legislatura provincial y en Casa de Gobierno durante la gestión anterior, además de realizar adscripciones en la Universidad Nacional de San Juan.
Desde la fiscalía señalaron que la investigación continúa y que restan pericias clave sobre el material secuestrado, cuyos resultados serán determinantes para el avance de la causa.
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