Imputan a un inspector de Rentas de Calingasta por desviarle un pago municipal a su cuenta personal de Mercado Pago

La investigación penal preparatoria contra Jorge Herrera, empleado administrativo e inspector de Rentas de la Municipalidad de Calingasta, dio un paso formal este lunes durante una audiencia encabezada por el juez de Garantías Mariano Carrera. La causa tuvo origen el pasado 23 de septiembre a partir de una denuncia formulada por el intendente del departamento, Sebastián Carbajal, quien alertó a las autoridades sobre presuntas maniobras ilícitas cometidas por el agente en el ejercicio de sus funciones.

Según la hipótesis presentada por el fiscal Iván Grassi, los hechos investigados ocurrieron el 30 de julio, cuando Herrera cobró un tributo municipal por un monto total de 200 mil pesos a una contribuyente. La maniobra consistió en requerir el pago de 100 mil pesos en efectivo y solicitar que los otros 100 mil pesos restantes fueran transferidos directamente a una cuenta personal de la billetera virtual Mercado Pago atribuida al propio inspector, omitiendo los canales informáticos y las cuentas oficiales del municipio.

Para encubrir el desvío de los fondos, el agente generó un comprobante en el sistema informático municipal por valor de 100 mil pesos y se lo entregó a la contribuyente. Sin embargo, con posterioridad anuló dicha boleta en el sistema SILAP, perteneciente a la firma Global Corp, dejando el trámite sin registro formal de cobro ni depósito en Tesorería, según confirmó un informe oficial emitido el 19 de agosto.

La irregularidad quedó al descubierto cuando otro inspector municipal se presentó ante la vecina para reclamar el pago del tributo. Al manifestar la contribuyente que ya había cancelado la deuda, las autoridades iniciaron una revisión interna en la que recabaron los comprobantes de la transferencia realizada a la cuenta del empleado y la constancia del sistema que acreditaba la anulación posterior de la boleta.

Durante la audiencia de formalización, en la que el imputado contó con la representación del abogado defensor César Oro, el juez Mariano Carrera admitió los cargos por los delitos de estafa agravada en perjuicio de la administración pública en concurso ideal con estafa. Asimismo, fijó un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación e impuso la obligación de no entorpecer el proceso, ordenando además la reubicación de Herrera fuera de las dependencias de Rentas en Barrial, Villa Calingasta y Tamberías.