En medio de la tensión por la falta de altos funcionarios en la conferencia anual que celebró este martes la Unión Industial Argentina (UIA), el Gobierno llevó ante la platea fabril el anuncio de que el proyecto de ley “mini RIGI”, después de varios meses de negociaciones y de elaboración, ingresaría esta semana en el Congreso, más allá de que los tiempos para su debate están limitados por el fin de la sesiones ordinarias.

El secretario coordinador Juan Pazo fue el único funcionario que se hizo presente en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, donde se realizó la convención industrial más importante del año organizado por la entidad que preside Daniel Funes de Rioja. Como contó Infobae, fue una cumbre sectorial marcada por los últimos episodios de tirantez entre la UIA y el Poder Ejecutivo por las últimas medidas del equipo económico que promueven la importación de bienes terminados y de los pedidos del sector de bajas de impuestos para competir con el mercado externo “en igualdad de condiciones”.

Funes de Rioja celebró la novedad en su discurso de cierre. La UIA había sido una de las entidades empresarias que había pulseado desde hace meses por la presentación de una iniciativa legislativa que derrame los beneficios impositivos del RIGI para las inversiones menores a los 200 millones de dólares. Entre los empresarios se hablaba, así, de un “mini RIGI” que pueda incorporar a inversiones de sectores como la industria manufacturera. El proyecto se estructura en seis capítulos: Inversiones productivas, Exportaciones incrementales, agro, régimen laboral, fomento del empleo y Otras disposiciones.

Según informó el Ministerio de Economía tras la conferencia fabril, el proyecto incluye “beneficios impositivos, desgravación de derechos de exportación para bienes industriales, devolución anticipada de IVA y otros beneficios para inversiones que superen el umbral de los 150 mil dólares en el caso de las empresas micro; 600 mil dólares en las pequeñas; 3,5 millones de dólares en las empresas del tramo 1; 9 millones de dólares en las empresas del tramo 2; y 30 millones en el resto”, indicaron.

Las inversiones contempladas tendrán como beneficio la amortización acelerada, es decir la reducción de los plazos de amortización de bienes en el impuesto a las ganancias y la devolución anticipada de IVA, que tendrá una reducción de los plazos desde 6 a 3 meses. Para las exportaciones incrementales, es decir la porción adicional de las ventas al exterior que las empresas hagan en lo sucesivo, el proyecto de ley prevé la exención de derechos de exportación para pymes exportadoras de bienes industriales. No está determinado todavía cuáles serán las posiciones arancelarias con precisión que estarán contempladas. Las compañías nuevas que sean creadas no estarán incluidas en este beneficio, sino solo las ya existentes.

Habrá un capítulo destinado al sector agrario, con artículos en la ley que incluirán la postergación de la valuación de la hacienda al momento de la efectiva venta del ganado y hasta tanto se pagará el impuesto a las Ganancias sobre la valuación fiscal; y para inversiones en sistemas de riego y mallas anti granizo el Gobierno ofrecerá amortización acelerada y devolución anticipada de IVA. También establece una reducción de la alícuota de IVA a la energía para sistemas de riego agrícola, que pasaría del 27% al 10,5 por ciento.

Un capítulo clave será el laboral, que forma parte de los reclamos más reiterados por las cámaras empresarias. Las reformas que el Gobierno intentó instrumentar a través del DNU 70 y la ley de Bases fueron, en general, bienvenidas por las empresas, y ahora el Poder Ejecutivo promete con la nueva norma cristalizarlas.

“En lo relacionado al régimen laboral y el fomento al empleo formal, la iniciativa contempla la actualización laboral de la Ley de Contrato de Trabajo según está contemplado en el DNU 70/23 y de la modernización del Régimen de Trabajo Agrario, al tiempo que prevé la reducción de contribuciones patronales sobre empleos incrementales, y un bono de crédito fiscal para empresas que tomen trabajadores del sector público nacional, provincial y municipal”, mencionaron desde la secretaría industrial que encabeza Pazo.

El capítulo laboral del DNU es crítico porque fue judicializado por acción de los gremios. El funcionario, mano derecha de Luis Caputo, precisó que la ley que anticipó este martes incluirá esos puntos objetados, salvo aquellos que establecen cambios en el sistema de organización sindical. “Vamos a poner una tasa específica para el pago de juicios laborales de IPC más 3% anual para que no haya capacidad de interpretación o creatividad en la Justicia. Los créditos laborales también devengarán esta misma tasa. La idea es generar una tasa consistente”, adelantó Pazo.

Por otra parte, el Gobierno determinará que para los empleos incrementales -es decir, la misma lógica que con las exportaciones, solo correrá para los puestos de trabajo nuevos creados- habría un “bono de crédito fiscal sobre un porcentaje de las sumas abonadas en concepto de contribuciones patronales al SIPA para los nuevos empleos incrementales y por el término de 1 año”.

Y por último, la ley propondrá un “bono de crédito fiscal sobre las sumas abonadas en concepto de contribuciones patronales al SIPA para la contratación de trabajadores del Sector Público Nacional, Provincial y Municipal, por el término de 2 años. Se excluye del beneficio la contratación de funcionarios públicos”. Es una de las formas que el Gobierno pensó para facilitar una “transición” para que el empleo público pase a ser privado.

Fuente: Infobae

Rivero. C