Histórico fallo en San Juan: dictan la primera condena del país por el escaneo ilegal de iris y robo de datos

La Unidad Fiscal de Delitos Contra la Propiedad del Ministerio Público de San Juan marcó un hito en la jurisprudencia argentina al obtener la primera condena de prisión efectiva a nivel nacional en una causa vinculada al escaneo ilegal de iris. El caso, que investigó los delitos de estafa y violación de secretos y de la privacidad, fue liderado por el fiscal Dr. Cristian Catalano junto a su equipo de colaboradores, logrando desarticular una red que utilizaba tecnología para apoderarse de información biométrica sensible.

De acuerdo con la investigación judicial, la maniobra delictiva se desplegó entre agosto y septiembre de 2024. Los imputados se enfocaban en captar a personas de bajos recursos económicos o con escaso nivel de instrucción en el departamento Rawson y zonas periféricas, utilizando complejos como “Eleazar” y “José Dolores” como centros de convocatoria.

El engaño consistía en ofrecer un supuesto escaneo de iris en nombre de la reconocida firma internacional WorldCoin, entregando a cambio una suma cercana a los 10 mil pesos. Sin embargo, los peritos comprobaron que los acusados no tenían ningún vínculo con la empresa europea; en su lugar, habían montado un sistema clandestino de captación de datos mediante sus propios teléfonos celulares particulares.

Con esta operatoria, los delincuentes se apropiaban de la identidad digital de las víctimas, generaban cuentas virtuales y las tomaban bajo su control absoluto. Estos perfiles eran utilizados posteriormente como “cuentas mulas” para ser comercializadas en el mercado negro digital, obteniendo un rédito económico mediante el uso ilegítimo y fraudulento de datos personales ajenos.

En una audiencia celebrada este viernes, se convalidó un juicio abreviado por el cual Sergio David Moreyra fue condenado a la pena de tres meses de prisión efectiva. Debido a que el imputado contaba con antecedentes, el tribunal resolvió unificar la pena con una condena previa de 12 años de prisión y declarar su reincidencia, transformando este caso en un antecedente pionero en el país contra la ciberdelincuencia biométrica.