Histórico Acuerdo en San Juan: Gendarme es Sobreseído por un Inédito Pacto con la Víctima en Caso de Accidente

En un precedente sin precedentes en San Juan, un gendarme que enfrentaba acusaciones por herir a un niño en un accidente de tránsito ocurrido hace casi cuatro años en Rawson ha sido sobreseído. Este resultado se logró a través de un acuerdo con la víctima, que aceptó el pago de una compensación integral del daño causado, por un monto de alrededor de $3.100.000, garantizado por la aseguradora, según fuentes judiciales. Este acontecimiento allana el camino para que casos similares puedan resolverse de la misma manera en el futuro.

 

El gendarme exonerado en este caso es Osvaldo Isidro Bustamente, un experto en rescate de montaña. El 12 de diciembre de 2019, conducía una camioneta F100 por Hipólito Yrigoyen en dirección al norte cuando chocó con un niño de 12 años, quien en la actualidad tiene 16 años y viajaba en bicicleta.

 

Para lograr el sobreseimiento, se aplicó una disposición del Código Penal, específicamente el artículo 59, que permite extinguir la acción penal. En esencia, esto implica que el Estado renuncia a perseguir a un sospechoso debido a la resolución del conflicto entre la víctima y el victimario.

 

Joaquín Moine, el defensor del gendarme, invocó esta norma legal en su argumentación, señalando que negar esta salida para delitos culposos, como los accidentes de tránsito, mientras se aplica para delitos dolosos (cometidos con intención), sería una violación del principio de igualdad. También destacó que esta solución es apropiada, incluso si los accidentes ya están castigados con la inhabilitación. El abogado de la víctima, José Nicolás Carrizo, compartió estos argumentos.

 

La fiscal Claudia Salica no se opuso al acuerdo y expresó que «carecía de sentido la persecución penal» dado el acuerdo entre las partes para resolver el conflicto.

 

El juez Ricardo Grossi Graffigna, de la Unidad Conclusiva de Causas, aceptó el acuerdo y sobreseyó al gendarme, al tiempo que destacó la existencia de un «vacío legal» a nivel regulatorio local en relación con la extinción de la acción penal en casos de lesiones en accidentes, según las fuentes judiciales.