El proyecto de ley enviado ayer al Congreso por el Poder Ejecutivo propone en uno de sus artículos la derogación de la Ley de Movilidad Jubilatoria y faculta al Gobierno a establecer una fórmula automática de ajuste en las prestaciones, junto con la potestad de fijar de manera periódica los aumentos de haberes hasta que comience a regir el nuevo esquema.

Dentro del Título III sobre Reorganización Económica, el Capítulo III de Movilidad de las prestaciones, y más precisamente el Artículo 106 del proyecto de «Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», dispone la suspensión de la aplicación del artículo 32 de la Ley N 24.241, sus complementarias y modificatorias.

Asimismo, faculta al Poder Ejecutivo nacional a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones dispuestas por la Ley 24.241, teniendo en cuenta los «criterios de equidad y sustentabilidad económica».

Hasta tanto se establezca una fórmula automática, el Poder Ejecutivo nacional podrá realizar aumentos periódicos por decreto «atendiendo prioritariamente a los beneficiarios de más bajos ingresos», completa el proyecto.

El martes, el vocero presidencial, Manuel Adorni, había informado que los haberes jubilatorios se van a «recomponer» por medio de un decreto «a la espera de un nuevo mecanismo» que reemplace la Ley de Movilidad. Adorni formuló el anuncio en su habitual conferencia matutina ofrecida en la Casa Rosada, en la que reiteró que, por efecto de la inflación, la aplicación de la Ley de Movilidad le representaría a los jubilados «una pérdida del poder adquisitivo de alrededor del 40%» en un trimestre. «Eso no lo podíamos permitir», aseveró, al tiempo que remarcó que «haber echado por tierra la Ley de Movilidad no es contra los jubilados sino para evitar que la inflación les termine por despedazar el ingreso».

> Universidad arancelada para extranjeros

Si se aprueba el megaproyecto tal como fue enviado al Congreso argentino, al finalizar la secundaria los estudiantes deberán rendir un examen para acreditar su nivel de desempeño. Será una prueba censal, es decir para medir el nivel general, pero será un dato que la persona podrá incluir en su curriculum vitae. No se habló hasta ahora si condicionará su ingreso a la universidad.

Además, se incorporarán mecanismos de evaluación y revalidación de conocimientos, tanto para alumnos como docentes, y los padres podrán acceder a los resultados de los métodos de evaluación colectiva, como las pruebas Aprender. El proyecto de La Libertad Avanza define que los docentes deberán revalidar sus conocimientos cada 5 años.

En materia de educación superior, el proyecto del oficialismo nacional propone que «las instituciones de gestión estatal y las universidades nacionales podrán establecer aranceles» para extranjeros no residentes, además de la «evaluación periódica» de los docentes.

> Giro en Bienes Personales

El proyecto tiene 8 páginas de impuesto a Bienes Personales que, según normas vigentes, alcanza por el actual ejercicio 2023 a quienes tienen bienes gravados que sumen al 31 de este mes un monto de, al menos, $27,38 millones. Una de las modificaciones propuestas es la eliminación del diferencial de alícuotas por activos en el exterior. En los últimos años rigió una tabla con un tributo más caro por los bienes que están fuera del país. Según la iniciativa, todo el patrimonio quedaría alcanzado por igual en cuanto al nivel de la imposición, con alícuotas que van desde el 0,5%, para quienes tengan activos (descontada la base no imponible) valuados en no más de $13.688.704, hasta el 1,5% sobre el excedente de $456.290.138 más un fijo de $5.389.927, si se tienen bienes gravados valuados en más de $456.290.138. Para los ejercicios posteriores a 2023, la tabla se simplifica progresivamente y va cayendo la carga fiscal, hasta que por el impuesto correspondiente a 2027 quedarían todos los patrimonios alcanzados por una alícuota de 0,5%, en caso de aprobarse el plan.

> Esperan cambios en retenciones

El Gobierno nacional ratificó ayer su intención de modificar el esquema de derechos de exportación de determinados complejos exportadores.

En lo que respecta a los derechos de exportación (retenciones), el proyecto de ley establece una alícuota del 15% para productos que en la actualidad no tributan o con tasas menores a la que se intenta aplicar con esta reforma, como sucede con el trigo y el maíz, que en la actualidad están gravadas con un 12%, o la carne vacuna, con un 9%. Fuera de este incremento quedaron los complejos olivícola, arrocero, lácteo, frutícola, hortícola, porotos, lentejas, arveja, papa, ajo, garbanzos, miel, azúcar, yerba mate, té, equinos y lana, mientras que la alícuota para la cadena vitivinícola, el aceite y la esencia de limón pasará a ser del 8%.

> Fondos de Anses para pagar deuda

El proyecto dispone en uno de sus artículos la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS) de Anses al Tesoro Nacional, para atender las cuestiones relacionadas con el manejo de la deuda pública. En el artículo 224, el proyecto de ley estipula que en un plazo de noventa días contados tras la sanción de la norma, «las personas jurídicas u organismos comprendidos en el artículo 221 podrán presentarse ante la Oficina Nacional de Presupuesto para manifestar la necesidad de mantener un crédito presupuestario por el equivalente de la deuda nominal a consolidarse de acuerdo con lo dispuesto en la presente».

El planteo deberá justificarse y será elevado a Jefatura de Gabinete de Ministros para su resolución, el que tendrá 30 días para expedirse sobre el pedido.

> Divorcio ya y despidos con 1 año pagado

Divorcio exprés. El proyecto de Ley enviado ayer al Congreso incorpora un inciso al artículo 435 del Código Civil y Comercial, permitiendo que los matrimonios puedan disolverse con la sola presentación de ambos cónyuges «ante el órgano administrativo del último domicilio» del matrimonio. En concreto lo que se propone es que a partir de ahora los matrimonios que decidan de común acuerdo disolver el vínculo sólo deberán comunicarlo a las autoridades administrativas del Registro Civil, en un trámite que no requerirá la intervención de abogados ni jueces.

Resistencia a la autoridad. El proyecto de «Ley Ómnibus» propone aumentar a seis años la pena máxima para quienes cometan el delito de atentado y resistencia a la autoridad, cuyo tope es actualmente de 24 meses. De acuerdo al proyecto, «la prisión será de cuatro a seis años» si «el hecho se cometiere a mano armada», por «una reunión de más de tres personas», si «el autor fuere funcionario público y «pusiere manos en la autoridad».

Estatales despedidos. Los empleados cuyos cargos sean eliminados por la reestructuración que propone el Gobierno pasarán a revestir «en situación de disponibilidad» por un máximo de 12 meses, lapso durante el cual percibirán haberes y que una vez vencido derivará en la desvinculación de esos agentes de la administración pública