Mediante una decisión del ministro de Desregularización del Estado, Federico Sturzenegger, el Gobierno nacional autorizó a las provincias a importar medicamentos. La iniciativa, impulsada por el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, busca abordar la creciente problemática de los altos precios de los medicamentos en el país, que se han duplicado en relación con los precios en Estados Unidos desde 2016. Este contexto pone de manifiesto la necesidad de reformas en el sector de salud, donde la adherencia a tratamientos se ha visto afectada por el alto costo de los medicamentos.
La Ley 16.463 de Medicamentos, que establece la jurisdicción provincial en este ámbito, permite que provincias como Mendoza busquen alternativas en mercados externos, como el de India, donde se espera que los precios sean significativamente más bajos. Cornejo ha argumentado que los medicamentos indios son de calidad comparable a los que se producen localmente, pero a un costo mucho menor, lo que podría generar una caída abrupta en los precios.
Sin embargo, esta estrategia no está exenta de críticas. Sonia Tarragona, ex jefa de Gabinete del Ministerio de Salud, advierte sobre la falta de evidencia que respalde la idea de que la importación de medicamentos de estos países generará realmente una reducción en los precios locales. Además, alerta sobre el impacto que podría tener en la industria farmacéutica nacional, especialmente en los laboratorios más pequeños, que podrían verse amenazados por la competencia de productos importados.
El argumento económico es crucial aquí: la balanza comercial del sector ya muestra un déficit significativo, y el aumento de importaciones podría exacerbar esta situación. Tarragona también señala los complicados mecanismos de precios y financiamiento en Argentina, que podrían dificultar la implementación efectiva de esta medida.
En conclusión, la propuesta de Cornejo representa un enfoque audaz y potencialmente transformador para el mercado de medicamentos en Argentina, pero también plantea riesgos significativos para la industria local y requiere un análisis cuidadoso sobre sus implicaciones a largo plazo. El éxito de esta iniciativa dependerá de cómo se gestione el equilibrio entre la necesidad de reducir costos para los pacientes y la protección de la industria farmacéutica nacional. “La búsqueda de soluciones contra la suba de precios no debería darse con la potencial importación de medicamentos más baratos, pero con menos controles de calidad o mano de obra subsidiada, sino con el fortalecimiento de la prescripción por genéricos, el cumplimiento de los precios de referencias para la seguridad social y el fortalecimiento de la producción pública estratégica”, concluyó.
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