Durante el acto por el 82º Aniversario de Rawson, la ministra de Gobierno, Laura Palma, se refirió a las negociaciones en curso con la empresa de transporte ATAP y advirtió sobre la posible reducción de la frecuencia de las unidades. Palma fue enfática al señalar que el gobierno no permitirá que los usuarios de San Juan se vean afectados por decisiones empresariales. “Si se toman medidas, aplicaré sanciones. No vamos a permitir que una reducción afecte la calidad del servicio”, afirmó.
En cuanto a las posibles sanciones, Palma explicó que las mismas están previstas por la ley y podrían incluir desde multas hasta la rescisión del contrato con la empresa de transporte. “Nunca hemos dejado de cumplir con nuestras obligaciones como gobierno, por lo que vamos a exigir lo mismo de las empresas que prestan este servicio fundamental”, remarcó. Además, la ministra subrayó que cualquier incumplimiento será evaluado con severidad: “Se aplicarán las sanciones correspondientes en defensa de los intereses de la provincia y, sobre todo, de los usuarios que dependen de este servicio”.
La ministra también se refirió al proceso de negociación con ATAP, explicando que la provincia ya ha presentado una estructura de costos basada en datos concretos y ajustada a la realidad económica. “El Secretario de Tránsito y Transporte trabaja de manera rigurosa con el pliego en mano. Hemos presentado una estructura de costos transparente y acorde a la realidad. Nuestra prioridad es proteger los intereses de la provincia y garantizar que el servicio funcione sin interrupciones”, señaló Palma.
En ese contexto, aseguró que la provincia ha cumplido con sus responsabilidades, y adelantó que mañana se depositará el subsidio correspondiente. “El pago que hacemos no es arbitrario, está calculado conforme al pliego y basado en lo que corresponde por ley. La provincia ha sido seria en este aspecto, y esperamos el mismo compromiso de la empresa”, sostuvo la funcionaria.
Finalmente, Palma reiteró que no habrá margen para decisiones unilaterales que perjudiquen a los ciudadanos de San Juan. “Si bien estamos abiertos al diálogo, cualquier intento de reducir la frecuencia de las unidades será sancionado. Nuestro deber es velar por un servicio de transporte que funcione correctamente para todos los sanjuaninos”, concluyó la ministra.
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