Global Market: una audiencia clave definirá si la causa sigue en la Justicia Federal o vuelve al fuero provincial

La causa judicial que involucra a la financiera Global Market ingresó en una etapa decisiva. En las próximas jornadas, el Tribunal de Impugnación deberá determinar si la investigación continuará en la Justicia Federal o si regresará al ámbito provincial, una definición que marcará el rumbo del expediente que tiene como principales acusados a los financistas Gustavo Omar Ahumada y Miguel Ángel Cañadas.

La discusión surgió luego de que el juez de Garantías, Javier Figuerola, resolviera el pasado 19 de mayo declarar la incompetencia de la Justicia provincial y remitir las actuaciones al fuero federal. La decisión fue cuestionada y ahora será revisada por el tribunal superior.

La investigación se centra en un presunto desvío de alrededor de $4.000 millones pertenecientes a al menos 45 inversores, fondos que, según la hipótesis fiscal, habrían sido canalizados hacia empresas vinculadas a los propios responsables de la firma financiera.

Desde la querella sostienen que la intervención de organismos nacionales y la utilización de mecanismos bursátiles regulados por la Comisión Nacional de Valores (CNV) justifican la competencia federal. En esa línea, el fiscal de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, Nicolás Alvo, argumentó que las operaciones investigadas involucran fondos sometidos a regulaciones nacionales y a actores que operan dentro del sistema financiero supervisado por la CNV.

Según la acusación, los ahorros de clientes con perfil conservador habrían sido destinados a operaciones de alto riesgo mediante la utilización de Pases No Garantizados (PNG), mecanismo que permitió transferir recursos a GMI Inversiones SA, una empresa minera vinculada a los propios imputados y ajena al control directo del organismo regulador.

La investigación también apunta a determinar el rol de Rosario Valores SA, firma que intervino como agente de liquidación y custodia de las operaciones realizadas a través del Mercado Argentino de Valores (MAV).

Por su parte, la defensa de Ahumada y Cañadas ratificó que se presentará ante la Justicia Federal en caso de que se confirme el cambio de jurisdicción. El abogado Carlos Rivadero aseguró que sus representados tienen intención de demostrar la legalidad de las operaciones cuestionadas y sostuvo que existe voluntad de restituir los fondos a los ahorristas afectados.

Mientras tanto, los dos acusados continúan en libertad y a la espera de una resolución que definirá cuál será el tribunal encargado de avanzar con una de las investigaciones financieras más relevantes de los últimos años en San Juan.