Giro en la causa del Acueducto Gran Tulum: suspenden la audiencia para notificar a dos expresidentes de OSSE
La jueza Mónica Lucero dictó un cuarto intermedio. Consideró clave que el abogado de Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol participe del debate, ya que ambos exfuncionarios uñaquistas podrían terminar bajo investigación formal.
La mega causa que investiga presuntas irregularidades en la obra del Acueducto Gran Tulum sumó este martes un capítulo clave. La jueza de Garantías, Mónica Lucero, decidió suspender la audiencia y dictar un cuarto intermedio con un argumento de peso: exigir la presencia del abogado Nasser Uzair, defensor de los expresidentes de OSSE, Sergio Ruiz y Guillermo Sirerol, ante la alta probabilidad de que ambos terminen formalmente investigados en el corto plazo.
Con esta decisión, el pedido de la Fiscalía para prorrogar la investigación por 90 días hábiles más quedó temporalmente en pausa, a la espera de que se fije la fecha para reanudar el debate con todas las partes notificadas.
Nota técnica: Según fuentes judiciales, este parate no afecta los plazos del Ministerio Público Fiscal, ya que la solicitud de prórroga fue presentada en tiempo y forma.
¿Qué pasa si se concede la prórroga?
El destino de la causa se reactivará en la próxima audiencia. El escenario penal se divide en dos caminos claros:
-
Si la jueza avala la prórroga: Los fiscales tendrán 90 días hábiles extra para blindar las pruebas. Cumplido ese plazo, estarán obligados a activar la audiencia de Investigación Penal Preparatoria (IPP) para imputar formalmente a los sospechosos.
-
Si la jueza la rechaza (o expiran los plazos sin pruebas): La denuncia penal deberá ser desestimada y archivada definitivamente.
Debido a la enorme complejidad y el volumen de la causa, el jefe del Ministerio Público Fiscal, Guillermo Baigorrí, armó un equipo especial compuesto por los fiscales Sebastián Gómez y Francisco Pizarro, acompañados por cuatro ayudantes fiscales.
Radiografía de la sospecha: pliegos a medida y sobreprecios
El escándalo estalló el 9 de diciembre del año pasado tras una denuncia del abogado Marcelo Arancibia, quien apuntó a presuntas maniobras ilícitas en las contrataciones de la obra pública durante la última gestión del exgobernador Sergio Uñac (2019-2023).
La hipótesis principal de la Fiscalía gira en torno a tres ejes:
-
Direccionamiento de licitaciones: Se sospecha que los pliegos se armaron a la medida de la empresa proveedora de caños Krah, vinculada a Gustavo Monti (primo de Uñac, fallecido en febrero pasado), quien habría actuado como apoderado de la firma.
-
Beneficios políticos: La denuncia señala que, tras su paso por OSSE, Sergio Ruiz habría sido reubicado estratégicamente como asesor político del entonces gobernador.
-
Números bajo la lupa: Se investiga una “redeterminación acelerada” de precios con un incremento del 55% en el costo de la obra y un presunto pago anticipado del 35%.
Los delitos que la UFI Delitos Especiales baraja de manera provisoria van desde negociaciones incompatibles con la función pública y malversación de caudales hasta fraude, dádivas y violación de los deberes de funcionario público.
Los comentarios están cerrados.