Giro en Hualilán: tres empresas sanjuaninas reclaman tras perder un contrato millonario

Golden Mining decidió cancelar definitivamente el traslado de mineral hacia Casposo y avanzar con una planta propia en Ullum. Las contratistas aseguran haber invertido unos US$3 millones para cumplir el acuerdo original y cuestionan la propuesta de rescisión.

Lo que había sido presentado como una oportunidad para fortalecer el entramado minero y logístico de San Juan terminó convertido en un conflicto económico entre una empresa operadora y tres contratistas locales.

Golden Mining S.A., responsable del proyecto aurífero Hualilán, en Ullum, decidió cancelar de manera definitiva el traslado de roca mineralizada hacia la planta de procesamiento de Casposo, en Calingasta. La compañía apunta ahora a diseñar y construir una planta propia en el yacimiento.

El cambio de estrategia dejó en una situación compleja a MTZ S.R.L., Terra Logística S.A. y Mi Viejo S.R.L., las tres empresas sanjuaninas que habían asumido el servicio de transporte y realizado inversiones millonarias para poner en marcha el contrato.

El contrato quedó sin efecto

El freno de las operaciones fue comunicado de manera sorpresiva el 19 de junio, fecha que coincidió con el último día de acarreo efectivo de mineral.

Según fuentes del sector, Golden Mining informó entonces que el transporte quedaba paralizado definitivamente durante el resto del año. Además, comunicó que, si la actividad logística volviera a retomarse en el futuro, no estaría garantizada la continuidad de los actuales prestadores, ya que se realizaría una nueva licitación.

La compañía propuso una rescisión por “mutuo acuerdo”, pero la iniciativa fue rechazada formalmente por una de las contratistas, que consideró insuficientes las condiciones ofrecidas.

Una inversión de US$3 millones

El principal punto de conflicto está relacionado con las inversiones realizadas por las empresas locales.

Según fuentes vinculadas al sector, las tres contratistas desembolsaron en conjunto alrededor de US$3 millones para cumplir con las condiciones del contrato original, que contemplaba una duración de tres años.

La interrupción anticipada del servicio dejó a las compañías con inversiones realizadas específicamente para una operación que finalmente quedó sin efecto. Ahora deberán definir si es posible reconvertir esos recursos para otros proyectos o avanzar por la vía judicial para reclamar una compensación.

El conflicto también comenzó a generar preocupación entre las entidades que representan a los proveedores mineros de San Juan.

La Cámara de Proveedores Interdepartamentales y otras organizaciones empresariales preparan un documento sobre la situación. Desde el sector anticiparon una postura crítica y señalaron que la prioridad será defender los intereses de las empresas asociadas.

El impacto también llega a Calingasta

La decisión de interrumpir el circuito Hualilán-Casposo no solo afecta a las empresas transportistas. También genera consecuencias económicas en Calingasta, donde la actividad incluía el traslado del mineral y su procesamiento.

Las estimaciones sobre el impacto mensual presentan diferencias. El intendente de Calingasta, Sebastián Carvajal, aseguró que la pérdida para el departamento ronda los $800 millones mensuales.

Desde empresas calingastinas, en cambio, calcularon que el impacto directo estaría más cerca de los $400 millones por mes.

La diferencia responde a los distintos criterios utilizados para medir el efecto económico de la interrupción de la actividad.

Hualilán cambia de estrategia

Con la decisión de dejar de enviar mineral a Casposo, Golden Mining busca avanzar hacia un esquema en el que el procesamiento del oro se realice en el propio proyecto de Hualilán.

Para la compañía, el cambio implica una nueva etapa en la planificación industrial del yacimiento. Para las pymes que habían invertido para sostener el esquema anterior, en cambio, representa un golpe económico que deberán afrontar de manera inmediata.

Mientras Hualilán redefine su estrategia de procesamiento, las empresas sanjuaninas afectadas deberán decidir cómo recuperar las inversiones realizadas y qué camino seguir frente a la cancelación anticipada de un contrato que, originalmente, estaba previsto para extenderse durante tres años.

 

 

Op: Juan Llarena

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