Giro en el juicio por trata: Fiscalía exige que De la Fuente y su socio devuelvan más de $1.152 millones a las víctimas
Un informe oficial de la Procuración General de la Nación tasó en esa millonaria cifra la "reparación total" para las 37 mujeres afectadas por la red "Belle Argentina". La defensa de los imputados recusó con dureza el cálculo y el veredicto llegará antes de fin de mes.
El juicio de contenido federal contra el reconocido abogado penalista sanjuanino Gustavo de la Fuente y su socio colombiano John Sebastian Quevedo entró en su cuenta regresiva. En una de las últimas audiencias ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan (TOCF), el Ministerio Público Fiscal sacudió el debate al presentar un pormenorizado informe económico que fija la indemnización para las presuntas víctimas en una cifra astronómica: $1.152.363.471.
El documento fue elaborado por María del Carmen Chena, titular de la Dirección General de Recuperación de Activos y Decomiso de Bienes (DGRADB) de la Procuración General de la Nación. Para calcular el impacto, la especialista evaluó el tiempo de explotación, el promedio de clientes diarios y la modalidad del delito: la producción, difusión y comercialización de material audiovisual sexual en vivo mediante plataformas digitales con juguetes interactivos manejados a distancia.
La radiografía de los $1.152 millones
De acuerdo con la acusación, la red retenía el 50% de las ganancias en pesos y dólares que generaban las plataformas. El monto multimillonario exigido por la fiscalía se compone de tres ítems clave actualizados a la fecha:
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Ganancia ilícita retenida: $377.141.750 (calculado sobre el tiempo de explotación en la firma).
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Lucro cesante laboral: $583.153.143 (lo que debieron percibir bajo convenios actuales del rubro modelaje).
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Daño moral: $192.060.579 (equivalente al 20% del daño económico total).
La contraofensiva de la defensa: ¿Un informe sin validez legal?
La presentación del Ministerio Público despertó una inmediata y férrea resistencia por parte de los abogados defensores, Fernando Castro (De la Fuente) y la defensora oficial Gema Guillén (Quevedo).
Los letrados basan su estrategia de rechazo en tres puntos críticos:
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Falta de rigor técnico: Argumentan que no se trata de una pericia contable ordenada por el tribunal, sino de un “estudio propio” de la fiscalía basado en anotaciones informales y celulares secuestrados, sin el debido respaldo bancario.
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Pericia de Gendarmería en contra: Remarcan que el análisis de movimientos bancarios realizado por Gendarmería Nacional arrojó montos sustancialmente menores.
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La situación de las víctimas: De las 37 supuestas damnificadas, solo seis declararon en Cámara Gesell. La defensa señala que la mayoría negó haber sido explotada y una de ellas aclaró que ni siquiera llegó a trabajar en el lugar, lo que —según los abogados— demuestra que las pruebas de la fiscalía son “insuficientes”.
Recta final: alegatos y veredicto inminente
El debate sumará un capítulo clave con la declaración del coimputado John Sebastian Quevedo, y no se descarta que el propio De la Fuente rompa el silencio ante el juez federal Daniel Doffo.
Fechas clave: Las fuentes judiciales confirmaron que el próximo jueves 25 de junio se realizarán los alegatos de clausura. Inmediatamente después, el tribunal quedará habilitado para dictar sentencia, la cual se conocerá de forma inminente antes de que concluya el mes.
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