Fuerte controversia por resolución del ENRE que otorga prioridad eléctrica a Vicuña en San Juan

La publicación de la Resolución 79/2026 del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) abrió un conflicto institucional y empresarial en San Juan. La norma establece un régimen de prioridad de uso sobre el corredor eléctrico minero Nueva San Juan–Rodeo en 500 kV y otorga a Vicuña Argentina S.A. el 90% de la capacidad remanente de esa infraestructura por un plazo mínimo de 25 años.

Ante esta decisión, el Ente Provincial Regulador de la Electricidad presentó un reclamo formal y solicitó la convocatoria a una audiencia pública. El organismo provincial sostuvo que la medida compromete la planificación energética local y podría afectar tanto el servicio actual como el crecimiento proyectado de la provincia.

En un comunicado, el EPRE advirtió que otorgar prioridades sobre capacidades de transporte preexistentes sin la intervención provincial ni los estudios técnicos correspondientes “compromete la seguridad del sistema”. Además, recordó que San Juan lleva adelante un Plan de Infraestructura Eléctrica que incluye líneas y estaciones transformadoras de extra alta tensión, fundamentales para acompañar grandes proyectos industriales y la expansión de energías renovables.

Impacto en la minería y el RIGI

La resolución también generó preocupación en otras compañías del sector. Firmas como Los Azules y Hualilan, entre otras, manifestaron objeciones al considerar que la medida vulnera principios de libre acceso y razonabilidad del sistema eléctrico.

El planteo original para asegurar el abastecimiento energético de los proyectos Josemaría y Filo del Sol fue impulsado por las compañías BHP y Lundin Mining. Sin embargo, la asignación prioritaria por 25 años podría obligar a otros emprendimientos a negociar con Vicuña o incluso financiar nuevas ampliaciones, con impacto directo en costos y plazos.

Incluso, algunos sectores advirtieron que la decisión podría poner en tensión inversiones ya aprobadas bajo el Regimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI), al alterar las condiciones de acceso a infraestructura estratégica.

Pedido de audiencia pública

Desde el EPRE remarcaron que cualquier requerimiento de magnitud debe debatirse en audiencia pública, como mecanismo participativo que permita evaluar los aportes técnicos y resguardar el interés provincial. También solicitaron acuerdos formales para compensar ampliaciones financiadas históricamente por los usuarios sanjuaninos.

“El crecimiento económico debe ser sostenible, seguro y equitativo. Ninguna alternativa operativa para proyectos privados debe implicar incrementos en las facturas de los usuarios”, señalaron desde el organismo.

De acuerdo con la normativa vigente, la oposición formal de organismos estatales o empresas privadas obligaría al ENRE a convocar a consulta pública para resolver la situación.

El trasfondo

El corredor Nueva San Juan–Rodeo en 500 kV constituye una infraestructura clave para el desarrollo minero en los departamentos Iglesia y Calingasta. Si bien Vicuña presentó un plan de obras para ampliar la capacidad, la red no fue construida exclusivamente por una sola empresa, sino que forma parte de un esquema energético regional sostenido durante más de dos décadas.

La resolución, al reservar por 25 años la mayor parte de la capacidad disponible, deja condicionado el acceso futuro a un recurso estratégico para el desarrollo productivo de la provincia, en un escenario donde conviven múltiples proyectos en etapa de ejecución y evaluación.

Op: Juan Llarena