Freno judicial en Angaco: suspendieron el juicio contra el intendente Castro por malversación
El Tribunal de Juicio puso en pausa el inicio del debate oral. La decisión se tomó mientras se resuelve la validez de un polémico acuerdo económico de 5 millones de pesos que el jefe comunal firmó con tres concejales para extinguir la acción penal.
La causa judicial que investiga presuntos delitos de corrupción en el departamento de Angaco sumó un nuevo y determinante capítulo. El tribunal integrado por los jueces Miguel Dávila Saffe, Víctor Muñoz Carpino y Juan Carlos Caballero Vidal (h) resolvió suspender el inicio del juicio contra el intendente José Castro, postergando una definición que mantiene en vilo a la política local.
Las acusaciones: 2019 bajo la lupa
Castro llega a esta instancia procesal imputado por los delitos de:
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Malversación de caudales públicos.
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Incumplimiento de los deberes de funcionario público.
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Fraude a la administración pública.
La investigación se centra en hechos ocurridos en 2019, donde se apunta al intendente por el presunto uso de maquinaria y personal municipal para tareas en un predio de carácter privado, una maniobra que la fiscalía considera ilegal y perjudicial para las arcas de la comuna.
El polémico “pacto de los 5 millones”
El motivo de la suspensión del juicio no es menor: el tribunal debe determinar la validez de un acuerdo económico mediante el cual Castro se comprometió a pagar 5 millones de pesos al municipio en concepto de reparación, buscando así evitar el juicio y cerrar el expediente penal.
Sin embargo, este convenio desató una tormenta judicial:
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Oposición de la Fiscalía: La fiscal Silvina Gerarduzzi cuestionó duramente la legalidad del acuerdo, calificándolo de improcedente.
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Concejales bajo sospecha: La fiscalía solicitó ampliar la investigación a los ediles Alberto de los Ríos, Roberto López y Alejandro Paredes, quienes firmaron el pacto. Se les imputan delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, encubrimiento agravado e incumplimiento de deberes.
Escenario de incertidumbre
La pausa dictada por los jueces busca clarificar si el acuerdo económico tiene validez legal para extinguir la acción penal o si, por el contrario, constituye una nueva irregularidad que involucre a más funcionarios.
Mientras tanto, la gestión en Angaco continúa bajo la sombra de un proceso judicial que, lejos de cerrarse, parece ramificarse hacia el Concejo Deliberante, marcando un precedente de alta tensión institucional en la provincia.
POR LIC. EUGENIA VILA
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