Fraudes con tierras fiscales: imputados seguirán libres mientras avanza la investigación
La jueza de Garantías, Mabel Moya, rechazó el pedido de apartarse del caso y también la solicitud de prisión preventiva de dos de los imputados por presuntas estafas con tierras fiscales en Médano de Oro, Rawson.
De esta manera, los sospechosos permanecerán en libertad mientras se desarrolla la investigación, que podría ampliarse debido a que se vendieron la mayoría de los 165 lotes de un terreno de 7 hectáreas fraccionadas entre 2020 y 2024, por un monto cercano a los 38 millones de pesos, según Fiscalía.
El caso involucra a los hermanos José Alberto y Martín Gastón Díaz, señalados como supuestos cabecillas del fraude, así como a otros familiares y allegados, entre ellos Oscar Díaz, Alexiana Díaz, y Víctor Javier Dávila Jofré, quien se presentó como empleado de los Díaz y firmó numerosos contratos de venta. También sigue en libertad Estela Capelli, heredera del terreno, cuya defensa sostiene que no cometió delito.
La magistrada aceptó, sin embargo, la imputación de usurpación y asociación ilícita solicitada por la Fiscalía de Estado como parte querellante, en paralelo a la investigación penal. Además, autorizó la incautación del teléfono de José Alberto Díaz para cotejar comunicaciones con los demás imputados y con compradores de los lotes.
La investigación quedó establecida por un año, durante el cual los imputados deberán comparecer cada vez que sean citados, presentarse periódicamente en la comisaría más cercana a su domicilio y no salir de la provincia ni del país sin autorización judicial.
El caso comenzó en septiembre del año pasado y hasta el momento se registraron 48 denuncias. Según la Fiscalía, los terrenos no podían venderse porque fueron adjudicados para uso agrícola y, al no cumplir con ese fin, debían permanecer bajo dominio provincial. Además, se violó la normativa de parcelamiento rural: mientras la superficie mínima permitida es de 2.000 m², los lotes vendidos promedian 360 m².
Actualmente, 22 familias viven en el predio sin escrituras, otras 13 tienen casas en construcción, y se han instalado piletas, quinchos y cierres perimetrales. Todas las familias fueron intimadas a desalojar por el Estado provincial.
Op: Juan Llarena
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