En paralelo a las sesiones de la Asamblea General de Naciones Unidas, los gobiernos de Estados Unidos y Argentina lideraron hoy una fuerte ofensiva diplomática internacional contra la dictadura de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello, y el fraude perpetrado en las últimas elecciones presidenciales en Venezuela, al tiempo que denunciaron violaciones a los derechos humanos, represión ilegal y la vulneración de principios democráticos básicos. La mayoría de los convocados insistieron en reconocer la victoria de Edmundo González Urrutia y exigieron que se respete el resultado de las urnas.

En un encuentro en un hotel neoyorquino, a pocas cuadras de la ONU, representantes diplomáticos de unos 40 países y de organismos multilaterales como la Unión Europea, la Organización de Estados Unidos y el Centro Carter, entre otros, se abordó la grave situación que se vive en Venezuela, donde el régimen viene ejecutando una masiva represión contra los opositores políticos, con detenciones arbitrarias y otros abusos. Entre esos desbordes está el asedio a la Embajada argentina en Caracas, donde reciben asilo seis militantes que responden a la líder opositora María Corina Machado.

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, y la canciller argentina Diana Mondino fueron los co-patrocinadores del encuentro que buscó redoblar la presión internacional contra la dictadura chavista. Más allá de que las voces de los países con representación en la ONU tuvieron el protagonismo principal, una de las posiciones que se escucharon con mayor atención fue la del Centro Carter, que advirtió sobre las maniobras fraudulentas cometidas por la dictadura. “El sistema electoral de Venezuela funciona y el gobierno conoce los resultados”, alertó.

Blinken afirmó: “Venimos aquí unidos en el compromiso de defender los derechos humanos del pueblo venezolano y comprometidos a lograr un esfuerzo inclusivo liderado por Venezuela para restaurar el futuro democrático de la nación (…) Eso significa insistir en que Maduro entable un diálogo directo con la oposición democrática unida de Venezuela que conduzca a un retorno pacífico a la democracia. Estados Unidos y sus socios están completamente dispuestos a apoyar este proceso”.

Blinken dijo que era crucial mantener la presión en los meses previos a la investidura presidencial, prevista para el 10 de y que Estados Unidos y sus socios deben seguir pidiendo que deje de reprimir a los manifestantes pacíficos y a los opositores políticos, así como que libere incondicionalmente a los detenidos arbitrariamente. “Debemos utilizar todas las herramientas a nuestra disposición para exigir cuentas a las personas que tienen la mayor responsabilidad por los graves abusos de los derechos humanos que se están cometiendo contra el pueblo venezolano, como ha hecho y seguirá haciendo Estados Unidos”.

“No podemos conformarnos solo con declaraciones conjuntas. Tenemos que tomar medidas conjuntas. Esa es la única forma de cambiar el cálculo de Maduro y su comportamiento”, aseguró.

Los países reunidos en el marco de las deliberaciones anuales de la Asamblea General estuvieron trabajando los últimos días en una declaración conjunta que señala los hechos ocurridos en Venezuela después de la derrota que sufrió en las elecciones del 28 de julio el régimen que llegó al poder a fines del siglo pasado.

La declaración conjunta, cuya letra fina todavía está siendo pulida por la diplomacia internacional, expresa profunda preocupación por la situación en Venezuela y la falta de respeto a los principios democráticos y a los derechos humanos en el país. A pesar de la amplia participación en las elecciones presidenciales, con más de 12 millones de votantes, la comunidad internacional reconoce las serias irregularidades en el proceso electoral, señalando que los resultados aún no se han publicado de manera detallada y verificable, como exigen las normativas internacionales.

El texto que está en preparación subraya que los observadores internacionales han documentado preocupaciones sobre la transparencia y la integridad de las elecciones. Uno de los principales puntos de crítica es la negativa de la Comisión Nacional Electoral a divulgar los resultados completos y verificables de cada mesa de votación, lo que ha generado un ambiente de desconfianza en la población y en la comunidad internacional.

También hay una condena a la represión generalizada que se ha intensificado tras las elecciones y las múltiples violaciones a los derechos humanos, incluyendo arrestos arbitrarios, detenciones -incluso a menores de edad-, muertes y la denegación de un juicio justo. Además, se resalta el uso de tácticas de intimidación contra la oposición democrática y la sociedad civil en general. Alerta el caso particularmente grave como fue la emisión de una orden de arresto con motivaciones políticas contra Edmundo González Urrutia el 3 de septiembre, que obtuvo la mayor cantidad de votos en las elecciones de julio, pero debido a la persecución en su contra, se vio forzado a abandonar el país.

La declaración conjunta tenía previsto instar a la liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente y la exigencia del respeto de las garantías procesales. Y hacer un llamado para que se permita a los venezolanos expresar pacíficamente sus opiniones políticas sin temor a represalias, y solicita el cese inmediato del uso excesivo de la fuerza, la violencia política y el acoso contra la oposición y la sociedad civil.

Los convocados consideran necesario el retorno de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a Venezuela con el fin de que se pueda supervisar de manera adecuada la situación de derechos humanos en el país. Y exigen al gobierno venezolano cumplir con sus compromisos internacionales, específicamente en relación con la Convención de Caracas sobre Asilo Diplomático de 1954. Se demanda que se otorgue un salvoconducto a seis solicitantes de asilo que se encuentran en la residencia oficial de la República Argentina y que hasta ahora no han podido salir del territorio venezolano.

Finalmente, la declaración tenía previsto instar a los líderes políticos venezolanos a iniciar un diálogo inclusivo y constructivo para una transición pacífica que permita restaurar las instituciones democráticas, en conformidad con la legislación venezolana y la voluntad popular expresada en las elecciones del 28 de julio. El documento expresa el apoyo y la solidaridad de la comunidad internacional con los millones de venezolanos que siguen arriesgando su vida y bienestar para luchar por un futuro más democrático, próspero y seguro para ellos y su país.

En su exposición, Mondino expresó una postura firme respecto a la situación en Venezuela y su impacto regional, destacando varios puntos clave, entre ellos la advertencia de que lo perpetrado por Maduro y Cabello supone un avance autoritario que se ha convertido en un ejemplo para otros dirigentes que pretenda cometer actos dictatoriales, habida cuenta que no les ha acarreado consecuencias prácticas.

En el encuentro del hotel Lotte, la canciller argentina -con la asistencia del subsecretario de Asuntos Americanos, Mariano Vergara, y la línea diplomática del Ministerio- expresó la posición del gobierno de Javier Milei, que sostiene sin grises que en las elecciones del 28 de julio se cometió un fraude a gran escala para desconocer una derrota aplastante. Mondino subrayó que la comunidad internacional no debería reconocer un nuevo mandato de Maduro a partir del 10 de enero, ya que significaría perpetuar un régimen ilegítimo en el poder. Por eso, hizo un llamado a una acción coordinada en foros internacionales que redoble la presión de la comunidad internacional para promover una transición pacífica en Venezuela.

Además, manifestó su preocupación por el incumplimiento de esta Convención en Caracas, donde seis ciudadanos venezolanos a los que Argentina concedió asilo no han recibido los salvoconductos necesarios y están atrapados en la residencia diplomática. También destacó la expulsión del personal diplomático argentino por parte del gobierno de Maduro.

Pero también detalló una serie de medidas adoptadas por el gobierno argentino ante las violaciones flagrantes a los principios democráticos, como la solicitud al Fiscal de la Corte Penal Internacional para que se emitan órdenes de detención contra Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, y otros líderes del régimen, la implementación de un régimen especial de regularización migratoria para ciudadanos venezolanos. La elaboración de una lista de funcionarios del régimen con prohibición de ingreso a Argentina, la suspensión del acuerdo de supresión de visas para pasaportes diplomáticos y oficiales entre Argentina y Venezuela y la incorporación de una cláusula democrática en la Hoja de Ruta del Consenso de Brasilia.

Fuente: Infobae

Rivero. C