Fiscalía presiona a la Justicia por causas de corrupción y busca destrabar el juicio contra el intendente de Angaco

El Ministerio Público Fiscal desplegó una doble ofensiva ante la Corte de Justicia en medio de tensiones con la Cámara Penal. Por un lado, solicitó la intervención del máximo tribunal para acceder a información sobre juicios vinculados a delitos contra la administración pública. Por otro, una fiscal de Cámara reclamó que se reactive el proceso contra el intendente de Angaco, José Castro, actualmente paralizado.

El planteo principal fue impulsado por el fiscal general Guillermo Baigorrí, quien acudió a la Sala Tercera de la Corte para que ordene a la Cámara Penal proporcionar datos sobre las causas en trámite por presunta corrupción. Según indicó, esos expedientes tienen prioridad por involucrar a funcionarios públicos y su seguimiento resulta clave para la política criminal del organismo.

Desde Fiscalía señalaron que el tribunal penal respondió de manera insuficiente al requerimiento inicial, al pedir precisiones sobre causas cuyos datos justamente no estaban disponibles. En ese marco, Baigorrí remarcó que los jueces tienen la obligación de registrar y disponer de toda la información vinculada a los procesos bajo su órbita, además de colaborar con el funcionamiento del sistema judicial, en línea con el Código de Ética.

En paralelo, la fiscal de Cámara Silvina Gerarduzzi recurrió también a la Corte para intentar destrabar el juicio contra Castro, imputado por malversación de caudales públicos, incumplimiento de deberes de funcionario y abuso de autoridad. El debate fue suspendido por la Cámara Penal hasta que exista una sentencia firme en otra causa derivada de una ordenanza municipal que buscó habilitar un acuerdo de reparación económica.

Para la fiscal, esa decisión implica una “dilación indefinida” y carece de sustento jurídico, ya que se trata de procesos independientes. Además, cuestionó que el tribunal no haya resuelto el rechazo al acuerdo de reparación presentado por la defensa del intendente.

El caso tiene origen en una denuncia de 2019 por el presunto uso de recursos municipales en un predio privado. La situación se complejizó cuando el Concejo Deliberante aprobó una ordenanza que avalaba un aporte económico como reparación del daño, lo que motivó una nueva denuncia por parte de Fiscalía al considerar que se trató de una maniobra ilegal.

Ante la negativa de la Cámara a conceder el recurso de casación, Gerarduzzi presentó un recurso de queja para que la Corte intervenga. De esta manera, el máximo tribunal deberá definir no solo si ordena reactivar el juicio contra el jefe comunal, sino también si obliga a la Cámara Penal a entregar la información solicitada por Fiscalía.

Ambos planteos reflejan la intención del Ministerio Público de avanzar en causas sensibles vinculadas a la administración pública y de llevar la discusión a las máximas instancias judiciales en busca de definiciones.