Fiscal General: pulseadas políticas, nombres en danza y negociaciones a contrarreloj en el Consejo de la Magistratura

La definición de la terna para cubrir el cargo de fiscal General de la Corte de Justicia se postergó para este martes, en medio de intensas negociaciones y versiones cruzadas sobre los votos disponibles. En el Consejo de la Magistratura, donde la composición es diversa, la incertidumbre domina.

Fuentes oficialistas admitieron que “no están los votos” para Guillermo Baigorrí, camarista laboral y exlegislador, el nombre que impulsa el Gobierno. Eso abrió un escenario de presiones hacia los representantes de la abogacía, Valeria Torres y Raúl Acosta, cuyo rol aparece como decisivo. Ambos llegaron al Consejo con respaldo del peronismo judicial, aunque con márgenes de autonomía que hoy los vuelven piezas clave.

Mientras tanto, la danza de nombres no se detiene. Entre los más mencionados figuran:

• Rolando Lozano, secretario Relator del Ministerio Público, con aval de sectores de la Corte.

• Fernando Rahmé, también secretario Relator, sobrino del histórico fiscal Eduardo “Jimmy” Quattropani, fallecido en julio.

• Celia Maldonado, jueza de Garantías desde 2020, con vínculos con el espacio de los consejeros abogados.

• Gustavo Daniel López, gerente de Asuntos Legales del Banco San Juan, cuya inscripción llamó la atención por su cercanía personal al gobernador Orrego.

El oficialismo cuenta con el respaldo asegurado de la ministra de Gobierno Laura Palma y de la diputada uñaquista Fernanda Paredes, representantes en el Consejo. A ellos se suma el cortista Juan José Victoria, cuyo voto difícilmente se aparte del candidato gubernamental, dado el vínculo institucional entre Ejecutivo y Poder Judicial.

La estrategia detrás de las dilaciones también alimenta especulaciones: cuanto más se acerque la definición a las legislativas del 26 de octubre, mayor margen político tendrá el orreguismo para negociar apoyos dentro del PJ en caso de un triunfo en las urnas.

En paralelo, voces críticas cuestionan la rapidez con la que avanzó el concurso, cuando el debate político apunta a que la verdadera definición podría producirse recién después de las elecciones.

Lo cierto es que, a pocas horas de la reunión clave, nada está cerrado. El oficialismo busca garantizar que su candidato quede en la terna, mientras en Tribunales y la política se barajan alternativas para un listado “equilibrado” que pueda contener a los distintos sectores.