Fin de la feria judicial: incertidumbre en Tribunales y preocupación entre los abogados

La propuesta de la nueva presidenta de la Corte de Justicia de San Juan, Adriana García Nieto, de eliminar las ferias judiciales y modificar el sistema de vacaciones generó un fuerte debate en el ámbito jurídico.

Si bien magistrados y empleados esperan más detalles antes de pronunciarse, los abogados manifestaron su preocupación, ya que, sin la suspensión de los plazos procesales, no tendrían garantizado su descanso anual.

Actualmente, las ferias judiciales se establecen en enero y julio, permitiendo a jueces, fiscales y trabajadores judiciales tomar vacaciones mientras los procesos judiciales quedan prácticamente paralizados. La nueva propuesta apunta a mantener la actividad judicial sin interrupciones y distribuir las vacaciones de forma escalonada entre octubre y marzo.

Preocupación en el sector legal

Desde el Foro de Abogados, su presidente Franco Montes advirtió que la eliminación de la feria afectaría el derecho al descanso de los profesionales, ya que los tiempos procesales seguirían corriendo todo el año. «Si no se suspenden los plazos, será muy difícil que los abogados puedan tomarse vacaciones sin poner en riesgo sus casos», explicó.

Postura dentro del Poder Judicial

El Fiscal General, Eduardo Quattropani, apoyó la iniciativa, destacando la necesidad de modernizar el sistema sin vulnerar derechos adquiridos. Por su parte, el Colegio de Magistrados, encabezado por Ana Lía Larrea, evitó pronunciarse hasta conocer más detalles. Desde la Unión Judicial, Sebastián López consideró positivo que los empleados puedan elegir sus vacaciones fuera de temporada alta, aunque subrayó la importancia de preservar derechos históricos, como el mes de licencia en enero.

Un debate que recién comienza

El proceso de reforma será largo y discutido. La Corte abrirá instancias de diálogo con todos los sectores afectados y, en caso de avanzar, la propuesta deberá ser aprobada en la Cámara de Diputados. La posible implementación se proyecta para 2026, pero por ahora, el debate ya está instalado y promete generar más repercusiones en el ámbito judicial.

 

 

Op: Juan Llarena

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