El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Juan resolvió que el próximo 21 de mayo comenzará el juicio por trata de personas contra el abogado penalista Gustavo De la Fuente y el ciudadano colombiano John Sebastián Quevedo, señalados como coautores de una estructura de explotación encubierta bajo una agencia de modelaje.
La investigación sostiene que, detrás del estudio “Belle Argentina”, operaba un sistema de producción de contenido erótico y sexual mediante transmisiones en vivo destinadas a usuarios del exterior. Según la acusación, al menos 21 mujeres participaron de estas actividades en un contexto de vulnerabilidad económica y social, situación que habría sido aprovechada para maximizar beneficios económicos.
De la Fuente permanece detenido con prisión preventiva desde julio de 2024 en el Penal de Chimbas, imputado por trata de personas con fines de explotación sexual y laboral, con agravantes vinculados a la condición de las víctimas. En tanto, Quevedo cumple arresto domiciliario.
El caso salió a la luz tras un operativo realizado el 3 de julio, que incluyó la detención del abogado en su estudio jurídico y una serie de allanamientos. Uno de los puntos clave fue el local ubicado en calle Güemes 4 Sur, en Capital, donde funcionaba la supuesta agencia de modelaje. De acuerdo con la causa, allí se realizaban las transmisiones que luego se comercializaban principalmente a clientes de países como Estados Unidos y México.
Durante los procedimientos, fuerzas federales hallaron a tres mujeres en el lugar, aunque la pesquisa determinó que un total de 21 habrían sido explotadas a través del sistema. La captación, según la fiscalía, se realizaba mediante anuncios laborales engañosos en redes sociales, en los que no se explicitaba el tipo de tareas requeridas.
Las interesadas tomaban conocimiento de la verdadera naturaleza del trabajo recién en las entrevistas personales. Si bien se les ofrecía una participación del 50% de las ganancias generadas —que se cobraban en dólares—, la acusación sostiene que finalmente percibían montos inferiores y en pesos.
Uno de los ejes de debate en la etapa previa fue el consentimiento de las mujeres. La defensa argumentó que no existía coerción y que podían decidir libremente su permanencia en la actividad. Sin embargo, la Justicia recordó que la legislación vigente en materia de trata de personas establece que el consentimiento de la víctima no exime de responsabilidad penal a los acusados.
Asimismo, los tribunales destacaron los informes técnicos que dan cuenta de la situación de vulnerabilidad psicosocial, económica y emocional de las mujeres involucradas, lo que refuerza la hipótesis de explotación planteada por la fiscalía.
Con el inicio del juicio ya fijado, se espera que en las audiencias se profundice sobre el funcionamiento de la estructura, el rol de los imputados y las condiciones en las que se desarrollaban las actividades investigadas.
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