Falsas amenazas en San Juan: ya se gastaron más de $30 millones en operativos durante 2025

La evacuación del Estadio del Bicentenario antes del show de Lali Espósito, por una amenaza de bomba, encendió las alarmas sobre una problemática en crecimiento en San Juan. Según informó la Brigada Antiexplosivos, en lo que va de 2025 ya se registraron 10 amenazas falsas, el doble que en todo 2024, y el costo acumulado de los operativos supera los $30 millones.

“Este año, entre marzo y agosto, atendimos siete amenazas en escuelas y tres en edificios públicos. Todas fueron falsas, pero cada intervención nos exige movilizar personal, equipos costosos y recursos que no se recuperan”, explicó el jefe de la Brigada, Jorge Carbajal.

El operativo por el recital de Lali demandó nueve efectivos, lo que representa más del 60% del escaso plantel de 13 agentes con el que cuenta la Brigada. “Si se hubiera producido otro evento en simultáneo, no podríamos haber respondido”, reconoció Carbajal.

Uno de los mayores costos es el uso del traje EOD (protección antiexplosivos), valuado en 60 millones de pesos, cuyo uso reiterado en falsas alarmas acorta su vida útil. Cada intervención cuesta entre 2 y 3 millones de pesos, que la Justicia intenta trasladar a los responsables una vez identificados. Sin embargo, en muchos casos los autores son estudiantes que intentan evitar un examen, o incluso adultos, como la bioquímica que en junio denunció una bomba falsa en el Hospital Rawson.

Para frenar esta tendencia, la Brigada y el Ministerio de Educación impulsan charlas preventivas en escuelas. Además, ya se elevó un proyecto para incorporar más agentes al escuadrón.

En paralelo, la Justicia investiga el llamado anónimo que provocó la evacuación del Cantoni. El fiscal Alejandro Mattar confirmó que se utilizó un número registrado en Buenos Aires pero activado desde la zona de Marquesado, sin geolocalización. El hecho podría derivar en penas de entre 2 y 10 años de prisión.

“Este tipo de amenazas, cuando afectan a eventos masivos, pueden ser consideradas de gravedad institucional. En ese caso, la pena mínima se eleva a 5 años y no admite probation”, remarcó Mattar.

El funcionario también cuestionó el impacto reputacional del caso. “Dejó a la provincia en una posición incómoda a nivel nacional. Necesitamos dar con el responsable y marcar un precedente”, concluyó.

Op: Juan Llarena