Exempleados de Data 2000 bajo la lupa: los acusan de desviar casi $7 millones de pagos a comercios
La firma de tarjetas de crédito regional denunció a dos exintegrantes de su staff por presunto fraude y estafa. La Fiscalía de Delitos Informáticos ya investiga las maniobras.
La empresa Data 2000, dedicada a la emisión de tarjetas de crédito regionales, denunció en la Justicia a dos de sus exempleados por presunto fraude millonario. Según la investigación interna de la firma, habrían desviado a una cuenta personal parte de los fondos que correspondían a comercios adheridos, generando un perjuicio económico cercano a los 7 millones de pesos.
La denuncia fue radicada en la UFI Delitos Informáticos y Estafas, a cargo del fiscal Guillermo Heredia, contra Roxana Isabel Flores, quien se desempeñaba como responsable del área de convenios con comercios, y Enrique Gutiérrez, del área técnica. La presentación fue realizada por el abogado Rubén Pontoriero, representante legal de la compañía.
La pesquisa comenzó en 2024, tras múltiples reclamos de comerciantes que advertían demoras en los pagos. Una auditoría interna detectó inconsistencias entre la documentación oficial y los montos efectivamente recibidos por los locales. El informe apuntó que Flores manejaba la gestión de pagos y negociación de intereses, mientras que Gutiérrez habría depositado en su cuenta personal varios cheques emitidos a nombre de los comercios.
Entre las firmas afectadas figuran OCBA SAS, Rawson SRL, Sant Vicent SAS y distintos comercios minoristas. Las diferencias detectadas ascienden a $6.462.568, según el relevamiento.
Los investigadores también verificaron que varios cheques fueron endosados y depositados irregularmente, además de detectarse la falta de devolución de convenios y órdenes de pago al área administrativa, lo que dificultó los controles internos.
La empresa solicitó medidas de prueba, el levantamiento del secreto bancario y la citación de los empleados y comerciantes vinculados. También pidió medidas precautorias para evitar mayores perjuicios económicos y determinar la responsabilidad penal de los denunciados.
Op: Juan Llarena
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