Exconcejal de Angaco demanda al intendente Castro por presuntas injurias y exige una reparación de $80 millones

La disputa política entre el exconcejal José Risueño y el intendente de Angaco, José Castro, sumó un nuevo capítulo judicial. El exedil presentó una denuncia penal por presuntas calumnias e injurias contra el jefe comunal y, además, incorporó una demanda civil por daños y perjuicios en la que reclama una indemnización de 80 millones de pesos por daño moral.

La acción judicial se fundamenta en declaraciones públicas que, según Risueño, realizó Castro en distintos medios de comunicación, donde lo habría señalado como responsable de supuestas maniobras de corrupción, manejo irregular de fondos y conductas impropias durante el período en que se desempeñó en la Tesorería municipal.

De acuerdo con la presentación, el exconcejal sostiene que esas acusaciones son falsas y que tuvieron un fuerte impacto sobre su imagen pública, su reputación social y su credibilidad dentro de la comunidad. Por ello, considera que las expresiones atribuidas al intendente constituyen una afectación directa a su honor y a derechos personalísimos protegidos por la legislación vigente.

La denuncia incluye referencias a entrevistas brindadas por Castro en diversos medios provinciales, cuyos registros fueron incorporados como prueba. Según Risueño, las manifestaciones del jefe comunal tuvieron una amplia difusión y fueron realizadas desde una posición institucional de relevancia, lo que habría amplificado el daño ocasionado.

El conflicto entre ambos dirigentes tiene antecedentes políticos y judiciales. Risueño y Castro compartieron espacio político durante varios años, pero la relación se deterioró cuando el entonces concejal tomó distancia de la conducción del intendente. La ruptura se profundizó a fines de 2019, cuando Risueño, junto a otros ediles, denunció a Castro por presuntas irregularidades vinculadas al uso de maquinaria y personal municipal en un terreno privado ubicado en Chimbas.

Esa causa avanzó en la Justicia y llegó a una instancia previa al juicio, aunque actualmente se encuentra suspendida debido a la apertura de otro expediente relacionado con los mismos hechos y que involucra también a concejales del departamento.

En su nueva presentación, Risueño solicita que Castro sea condenado por el delito de injurias y que se le ordene una reparación económica de 80 millones de pesos. Argumenta que el monto responde a la gravedad de las acusaciones, la trascendencia pública de quien las emitió, el alcance de su difusión y las consecuencias personales y sociales que, según afirma, todavía padece.

Además, el exconcejal destacó que antes de iniciar la demanda envió una carta documento al intendente con el objetivo de obtener una retractación pública. Sin embargo, según fuentes vinculadas al caso, Castro rechazó los planteos y negó haber incurrido en conductas ilícitas, postura que mantuvo en la respuesta remitida posteriormente.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar si las declaraciones denunciadas constituyen una conducta sancionable y si corresponde avanzar con el reclamo económico impulsado por el exconcejal angaquero.

Op: Juan Llarena