Estafa millonaria en comunidad religiosa: el perjuicio ya ronda los $300 millones

La investigación por una presunta estafa millonaria en San Juan sigue creciendo y complica cada vez más a sus principales acusados. Con al menos 37 denuncias formales, el perjuicio económico ya se estima en alrededor de $300 millones, una cifra que se incrementó en los últimos días con la aparición de nuevos damnificados.

Los imputados, Francisco Ontiveros y Brisa Ocampos, permanecen detenidos con prisión preventiva mientras avanza la causa en su contra. Ambos están señalados como los responsables de haber llevado adelante una maniobra de defraudación continuada que habría afectado, en su mayoría, a integrantes de una comunidad religiosa.

La investigación está en manos del fiscal Eduardo Gallastegui, titular de la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, quien expuso durante la audiencia de formalización los detalles de un esquema que aparentaba solidez, pero que carecía de respaldo legal y financiero.

Según la fiscalía, los acusados operaban mediante supuestas firmas denominadas “Green House” y “Green House Fintech”, a través de las cuales ofrecían inversiones con rendimientos fuera de lo común. Prometían ganancias que oscilaban entre el 4% y el 6% semanal, llegando incluso hasta el 20% mensual.

Para reforzar la credibilidad, habrían montado oficinas en zonas de Santa Lucía y Capital. Sin embargo, la investigación determinó que estas firmas no contaban con CUIT ni registros formales, y que las operaciones se realizaban de manera particular.

Uno de los aspectos más sensibles del caso es que gran parte de las víctimas pertenecen a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De acuerdo con la acusación, los imputados se habrían valido de los vínculos dentro de ese ámbito para captar inversores, promoviendo además la incorporación de nuevos aportantes.

La maniobra incluía no solo transferencias de dinero en pesos y dólares, sino también la entrega de bienes. Entre los elementos aportados por los damnificados figuran vehículos como un Citroën Picasso, un Ford Explorer y una motocicleta Yamaha FZ.

Los supuestos rendimientos eran comunicados mediante planillas sin respaldo formal, mientras que las inversiones —según sostenían los acusados— se realizaban en emprendimientos mineros locales y empresas del exterior, sin documentación que lo acreditara.

El esquema comenzó a mostrar inconsistencias en septiembre de 2025, cuando se registraron demoras en los pagos. Ante los reclamos, los acusados ofrecían alternativas de devolución sin garantías o intentaban cancelar deudas con bienes en mal estado, e incluso reutilizando activos entregados por otros inversores.

Con el avance de la causa y la incorporación de nuevas denuncias, el monto del perjuicio prácticamente se duplicó respecto de las primeras estimaciones, lo que agrava la situación judicial de los imputados.

En este contexto, se espera una nueva audiencia en los próximos días para ampliar la investigación y sumar más hechos. El caso se perfila como uno de los más relevantes en materia de estafas en la provincia en el último tiempo.