Estafa millonaria con viviendas: crece el escándalo y ya son casi 80 las familias damnificadas
Hay tres detenidos, entre ellos un empresario y un sindicalista. Se investigan ventas ilegales de lotes en barrios de Rawson.
El escándalo por presuntas estafas en la construcción y venta de viviendas en los barrios Nogales VII y Textil II, en el departamento Rawson, sigue ampliándose. La Justicia ya acumuló casi 80 denuncias formales de personas que aseguran haber pagado por lotes que nunca fueron escriturados ni entregados.
Hasta el momento hay tres detenidos con prisión preventiva: el empresario Miguel Aciar, titular de la firma DGA Ingeniería y Servicios SRL; el dirigente sindical Roberto Vega, de la Unión Obrera Textil; y el constructor Francisco Fernández Muñoz, representante de Afcom SRL.
El fiscal Francisco Ejarque, a cargo de la investigación, confirmó que la jueza Celia Maldonado de Álvarez ordenó 20 días de prisión preventiva para los tres acusados, mientras avanza la recolección de pruebas. Además, se dispuso el embargo de bienes y congelamiento de cuentas bancarias de Aciar, su esposa y sus tres hijos.
Uno de los datos más comprometedores del expediente indica que Aciar nunca llegó a comprar el terreno de casi 33 hectáreas donde debía construirse el barrio Nogales VII. Pese a eso, vendió lotes y cobró adelantos a decenas de compradores. En ese barrio ya se formalizaron 35 denuncias, mientras que en el Textil II se registraron otras 32, aunque el número sigue en aumento.
Según la fiscalía, a comienzos de 2025 Aciar notificó a los compradores que el terreno no había sido adquirido y ofreció mudar el proyecto a otro predio. También prometió devolver el dinero a quienes no aceptaran el cambio, pero nunca concretó los reembolsos.
Algunos imputados se culparon entre sí al prestar declaración, aunque ninguno aportó documentación ni respuestas de fondo. La defensa de Aciar, a cargo de la abogada Andrea Román, pidió su liberación al considerar que se trata de una disputa contractual civil. No obstante, la Fiscalía sostiene que existen pruebas suficientes de una estafa reiterada, figura que contempla penas de uno a seis años de prisión, que podrían agravarse al tratarse de múltiples hechos.
La causa sigue en etapa de instrucción y se esperan nuevas denuncias e imputaciones en los próximos días. El objetivo, según el fiscal Ejarque, es determinar el daño patrimonial total y la cantidad real de damnificados que dejó esta presunta maniobra fraudulenta.
Op: Juan Llarena
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