Estafa a la OSP: inicia el juicio contra Garder Salud y perfila como uno de los más grandes del sistema acusatorio
El debate contará con la declaración de 70 testigos y se extenderá durante un mes. Los imputados están acusados de fraude y adulteración de documentos.
Este lunes comienza el juicio contra los propietarios de Garder Salud y una médica, acusados de defraudar a la Obra Social Provincia (OSP) mediante la facturación de servicios que nunca se prestaron. La causa, considerada una de las más grandes desde la implementación del sistema acusatorio en San Juan, prevé la presencia de 70 testigos y audiencias de lunes a viernes durante al menos un mes.
Los imputados y la acusación
Quienes deberán responder ante el juez Matías Parrón son Marilina de la Fuente, propietaria de la empresa; su esposo Eduardo Guzmán, responsable médico; su hija María Florencia Molina y la médica María Noel Becerra. La Fiscalía, representada por Iván Grassi, solicitó 3 años de prisión en suspenso para los primeros tres acusados y 2 años de prisión condicional para la profesional de salud.
La investigación se inició en 2022 cuando el exinterventor de la OSP, Miguel Greco, denunció un crecimiento sospechoso en la facturación de Garder Salud durante un período de seis meses. La auditoría realizada detectó que la empresa había facturado servicios a pacientes fallecidos y registrado entregas de módulos de alimentación enteral que nunca se realizaron.
Un caso paradigmático
Entre los casos más destacados está el de una mujer de Zonda, de apellido Monla, que figura como beneficiaria de módulos de alimentación en su domicilio, cuando en realidad estaba internada en un geriátrico. Según la investigación, la empresa habría cobrado alrededor de 700 mil pesos por este servicio inexistente.
Testimonios clave y pericias
Durante el juicio también declararán dos excolaboradores de Garder, el nutricionista Federico Quintana y el enfermero Mauricio Mesías, quienes afirmaron que sus firmas fueron falsificadas en informes que nunca realizaron. Las pericias caligráficas confirmaron esta adulteración.
Además, la participación de la Fiscalía de Estado será fundamental para representar los intereses provinciales, ya que, de confirmarse la condena, se iniciará una demanda civil para recuperar el monto estimado de la defraudación, que podría alcanzar los 15 millones de pesos.
Un juicio de grandes dimensiones
Por la cantidad de testigos y el volumen de documentación, el proceso judicial podría extenderse un mes, mucho más de lo habitual en el sistema acusatorio, donde los debates suelen durar una o dos semanas. El juicio promete ser uno de los más resonantes en la provincia en los últimos años.
OP: Juan Llarena
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