El 1 de junio de 2018, Pedro Sánchez consiguió desalojar del poder al hasta ese día presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con una moción de censura aprobada mayoritariamente por el Congreso de los Diputados. El fundamento de aquella votación, en la que Sánchez consiguió aglutinar el voto de toda la oposición, fue una sentencia de la Audiencia Nacional que concluyó que el PP había montado una estructura de financiación ilegal y que el partido llevaba décadas ocultándola con una doble contabilidad. Los jueces habían concluido que esta financiación irregular del partido se sostenía en un sistema de corrupción institucional mediante la manipulación de contratos en las administraciones públicas controladas por el partido.

Seis años después, en el Partido Popular (PP) creen estar a las puertas de devolver el golpe. El partido conservador formalizó este lunes la presentación, también en la Audiencia Nacional, de una querella contra el PSOE por los supuestos delitos de financiación irregular, cohecho y tráfico de influencias. El escrito se interpuso ante el Juzgado Central de Instrucción número 5, que ya investiga un macrofraude con hidrocarburos que afecta al empresario Víctor De Aldama.

¿Quién es Aldama? Este empresario es considerado el personaje principal de una trama que la Guardia Civil comenzó a investigar por el pago de comisiones en la compra de barbijos durante la pandemia que llevó primero a Koldo García, un antiguo patovica de un club de alterne devenido en escolta y después asesor del exministro de Fomento (Obras Públicas) José Luis Ábalos y posteriormente hasta éste, que tuvo que abandonar el cargo cuando el accionar de la trama comenzó a conocerse.

Ábalos pasó de ser el brazo derecho de Pedro Sánchez y hombre fuerte del PSOE desde su puesto de secretario de Organización a ser apartado del Gobierno y suspendido de militancia en el partido, aunque conservó su escaño en el Congreso posiblemente como salvaguarda ante un proceso judicial que lo terminaría salpicando.

El procedimiento pasó de ser conocido como ‘caso Koldo’ a ‘caso Ábalos’ y ahora, después de que se conociera un informe de la Guardia Civil en el que los implicados aluden al presidente del Gobierno, el PP aspira a que se convierte en el ‘caso Sánchez’. «Todo se va a terminar por saber y lo que hoy son sospechas se acabará convirtiendo en evidencias», señaló este lunes Borja Semper, portavoz del Partido Popular. Esta formación ya ha exigido la dimisión del presidente del Gobierno..

¿Qué ha sucedido para que el Partido Popular se haya decidido a dar este paso justo ahora en el que las sospechas también se ciernen sobre el presidente del Gobierno por actividades también bajo sospecha de su mujer, Begoña Gómez?. Este fin de semana se conoció un informe de 233 páginas de la Guardia Civil con nuevas revelaciones sobre la trama y un medio digital publicó una declaración anónima de un supuesto empresario que asegura haber llevado bolsas con dinero en efectivo a la sede central del PSOE, en la madrileña calle Ferraz. Ojo por ojo, razonaron en la calle Génova, sede del Partido Popular que fue reformada, según quedó demostrado en la causa que acabó con la carrera política de Mariano Rajoy, con unas obras pagadas con dinero negro.

Semper dijo que la causa es de tal envergadura que lo razonable es que sea investigada por la justicia en una pieza separada de la conocida como causa de los hidrocarburos, una supuesta estafa al fisco de más de 150 millones de euros por la que Aldama está en prisión. La instrucción de ese procedimiento ha permitido saber que el empresario fue la persona de enlace de la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, en España y que pagó a Ábalos una casa de vacaciones y 88.000 euros por el alquiler de una vivienda a Jessica R. G:, una mujer que mantenía una relación con el exministro, a la que se apodaba ’20 minutos’ y por la que Koldo García hizo gestiones para que la contrataran como administrativa en dos empresas públicas.

La implicación de Delcy Rodríguez corresponde a una reunión que Ábalos mantuvo en enero de 2020 con la vicepresidenta venezolana en el aeropuerto de Barajas. El entonces ministro español mantuvo un encuentro con Rodríguez en el avión en el que esta viajaba y que hizo escala en Madrid a pesar de las sanciones que la Unión Europea le había impuesto. La vicepresidenta venezolana tenía prohibida la entrada a Europa y también el tránsito y sobrevolar el espacio aéreo de los países adheridos al tratado de Schengen. El encuentro duró 25 minutos y ni Ábalos ni Sánchez explicaron qué se trató en esa reunión. La Guardia Civil considera que Sánchez sabía de la visita de Rodríguez cuatro días antes de que se produjera.

El caso, con todas sus complejas derivadas, supone en opinión del PP un entramado que irá engordando hasta desangrar al PSOE y acabar con la presidencia de Sánchez. Esta estrategia de cerco y derribo no se circunscribe al ámbito judicial. En el político, el PP ha anunciado convertirá la próxima sesión de control al Gobierno, que se celebra los miércoles, en un monográfico sobre la corrupción. Ahí volverán a exigir la dimisión del presidente.