Escándalo en UPCN: imputarán a una candidata de la oposición por falsificar avales

La Justicia de San Juan formalizará la investigación contra Lorena Lezcano, integrante de la lista de Alejandro Savoca. Está acusada de adulterar firmas para habilitar la lista que finalmente fue impugnada en las elecciones del gremio.

La Justicia de San Juan dará un paso clave esta semana al formalizar la investigación penal contra Lorena Lezcano, quien fuera candidata a vocal titular por la lista opositora encabezada por Alejandro Savoca en los últimos comicios de UPCN. La dirigente quedó bajo la lupa judicial tras detectarse presuntas irregularidades en la documentación presentada para habilitar a su espacio en la contienda electoral, donde finalmente se impuso el histórico dirigente José “Pepe” Villa.

La causa es impulsada por la UFI Genérica, que logró reunir diversos elementos de prueba luego de que la lista opositora fuera impugnada antes de las elecciones del 9 de abril por no cumplir con los requisitos formales. La sospecha principal de los investigadores apunta a que Lezcano habría adulterado o confeccionado de manera irregular las firmas de los afiliados para intentar alcanzar el piso de avales exigido por la junta electoral.

La audiencia de formalización de la Investigación Penal Preparatoria (IPP) se llevará a cabo este jueves. Durante el acto procesal, el Ministerio Público Fiscal expondrá formalmente las evidencias recolectadas y la hipótesis delictiva ante el juez de Garantías. Fuentes judiciales confirmaron que la acusada llegará a esta instancia en libertad y, en principio, no se solicitarán medidas de coerción restrictivas.

El frente judicial para la oposición de UPCN es complejo: mientras Lezcano afronta los cargos por falsificación documental, el líder del espacio, Alejandro Savoca, es investigado en paralelo por una presunta megaestafa millonaria contra la obra social del gremio.

Esta segunda causa, coordinada por la UFI de Delitos Informáticos y Estafas, investiga a Savoca y al médico Francisco Soberbio por supuestas anomalías en la autorización y facturación de prestaciones médicas. El perjuicio económico estimado rondaría los $15.000.000, lo que ya motivó la realización de allanamientos en domicilios particulares y en la Clínica La Pau, donde se secuestraron dispositivos electrónicos que están siendo peritados.

Con la formalización de este jueves, la causa por los avales truchos abrirá una nueva etapa procesal. A partir de allí, la Fiscalía contará con un plazo legal para profundizar la recolección de pruebas y determinar el grado de responsabilidad penal de Lezcano en una trama que mezcla la interna sindical con los tribunales sanjuaninos.

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