Escándalo en Tribunales: El principal acusado de robar aires rompió el silencio y salpicó a funcionarios

Juan Pablo Albornoz, empleado judicial con 15 años de antigüedad, aseguró ser "hombre de confianza" de jueces y apuntó contra un compañero por la maniobra. "He ido a la casa de magistrados a poner cámaras", disparó ante el juez para probar su reputación.

Lo que comenzó como una denuncia por faltante de bienes en el Poder Judicial de San Juan derivó este lunes en una declaración explosiva que puso bajo la lupa la red de confianza y los manejos internos en Tribunales. Juan Pablo Albornoz, señalado como el cerebro detrás del robo de equipos de aire acondicionado, prestó declaración y buscó despegarse de la figura delictiva de peculado.

Una defensa basada en la “confianza”

Albornoz no se presentó como un empleado más. Durante varios minutos, relató su trayectoria de una década y media en la Justicia, resaltando que su acceso a llaves y sectores restringidos se debía a su estrecho vínculo con las altas esferas del sistema judicial.

  • Los nombres propios: Para demostrar su cercanía, el acusado afirmó realizar trabajos particulares para figuras de peso. “He ido a la casa del doctor Lima a poner cámaras” y “tengo el lavarropas de la esposa del señor Cerezo”, fueron algunas de las frases con las que intentó sostener que jamás arriesgaría su puesto por una maniobra ilegal.

  • La estrategia de la “buena fe”: Albornoz aseguró que actuó convencido de que los equipos —en mal estado y apilados— habían sido entregados legalmente por el área de Patrimonio.

El “pase de facturas” interno

El acusado no dudó en señalar a un tercero: Jorge Fernando Cataldo. Según su versión, fue Cataldo quien le aseguró que los aires tenían el visto bueno de “Graciela” (empleada administrativa) y quien le mostró supuesta documentación de respaldo.

“En la Justicia sin papeles no sale nada”, afirmó Albornoz, justificando que utilizó una camioneta oficial para el traslado porque creía que el procedimiento era regular.

Imputación y medidas

Tras la audiencia, el panorama judicial para los implicados quedó definido de la siguiente manera:

  1. Imputación: Tanto Albornoz como Juan José Gallardo (quien realizó el traslado) quedaron imputados por peculado, un delito que castiga al funcionario que sustrae bienes cuya administración le fue confiada.

  2. Restricciones: El juez Matías Parrón les prohibió el contacto con sus compañeros de Servicios Generales y ordenó que sean trasladados a otras dependencias mientras dure la investigación (plazo de 8 meses).

  3. Devolución: El propio Albornoz admitió que, al enterarse de la investigación interna, cargó los equipos y los devolvió, asegurando que vive “un infierno” desde que estalló el caso.

El foco de la UFI Delitos Especiales

Ahora, los fiscales Iván Grassi y Victoria Martín deberán determinar si existió una vulneración de los controles de Patrimonio o si, como sugiere la defensa de Albornoz, hubo una cadena de “autorizaciones verbales” que falló. La gran pregunta que flota en el ambiente es si los nombres de funcionarios mencionados por el acusado tendrán alguna implicancia en el avance de la causa o si solo fueron parte de una estrategia para demostrar honestidad.

POR LIC. EUGENIA VILA

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