Escándalo en el Registro Civil de Pocito: enviaron al penal a una empleada por integrar una banda de falsificadores
Natalia Castillo fue detenida con prisión preventiva. En su casa encontraron 162 DNI y la Justicia investiga su rol en una organización acusada de cometer estafas por más de 11 millones de pesos.
La Justicia Federal de San Juan ordenó la prisión preventiva de Natalia Castillo, empleada del Registro Civil de Pocito, acusada de integrar una presunta organización dedicada a la falsificación de documentos y estafas millonarias. La funcionaria, encargada de tramitar y entregar DNI en la oficina estatal, fue trasladada al Penal de Chimbas tras el hallazgo de 162 documentos en su domicilio.
Castillo no está sola en la causa. También fueron imputados Rolando Javier “El Narigón” Navarro Saide, un estafador con antecedentes que cumple prisión domiciliaria, su hijo Rodrigo Navarro Pozo y Marcos Esteban Vallejo, otro de los señalados como beneficiarios de los DNI falsos. Hasta el momento, se les atribuyen al menos siete estafas que suman más de $11 millones, aunque los investigadores no descartan que el número de víctimas sea mayor.
La maniobra quedó al descubierto luego de que Hipólito Diego Martín, un vecino de Tandil, denunciara que alguien había solicitado un triplicado de su DNI en San Juan con una foto que no le correspondía. Poco después, comenzaron a llegarle deudas por préstamos que él jamás había tramitado. Las pericias determinaron que el hombre que usurpó su identidad era Vallejo, oriundo de Chimbas.
A partir de ese caso, la investigación quedó en manos del fiscal federal Fernando Alcaraz, quien con apoyo de Gendarmería Nacional avanzó en el rastreo de transferencias bancarias, conexiones entre los sospechosos y operativos de allanamiento. Fue en ese contexto que se secuestraron los 162 DNI en la casa de la empleada pública, claves para determinar la dimensión del fraude.
El juez Leopoldo Rago Gallo dictó 120 días de plazo para la investigación y ordenó la prisión preventiva para Castillo. En tanto, Navarro Pozo y Vallejo recuperaron la libertad tras pagar fianzas de $500.000 y $1.500.000, respectivamente, aunque luego esta última fue elevada a $2.500.000 por decisión del juez federal mendocino Juan Ignacio Pérez Curci, quien rechazó los recursos presentados por la defensa.
La causa sigue su curso, con el foco puesto en establecer si los documentos hallados son originales o adulterados y si hubo más personas afectadas por estafas. Mientras tanto, Natalia Castillo permanece detenida, mientras que Navarro Saide continúa cumpliendo arresto domiciliario por esta y otra causa anterior.
Op: Juan Llarena
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