“Es un absurdo”: Baigorrí cruzó las críticas de censura y anticipó que pedirá más fiscales por la ola de ciberdelitos

El fiscal General, Guillermo Baigorrí, rompió el silencio tras la polémica desatada por el nuevo protocolo de comunicación del Ministerio Público Fiscal. En declaraciones a Radio Colón, el funcionario rechazó de forma tajante las acusaciones de cercenamiento a la libertad de expresión, argumentando que la medida busca profesionalizar la difusión de las causas y garantizar que todos los medios accedan a la información en igualdad de condiciones.

Los tres ejes del nuevo protocolo, según Baigorrí

Para el fiscal General, las críticas de entidades como FOPEA nacieron de una “interpretación absolutamente errada”. El nuevo esquema se apoya en los siguientes pilares:

• Dar auxilio al fiscal: Evitar que los investigadores pierdan horas atendiendo a la prensa en medio de causas complejas, delegando la coordinación en un equipo profesional.

• Democratizar la información: Centralizar los datos para que todos los periodistas reciban los comunicados o asistan a conferencias de prensa al mismo tiempo, terminando con los privilegios.

• Institucionalizar los canales: Recordar que, por ley, el Ministerio Público tiene la obligación de informar sobre casos de gravedad o que involucren a funcionarios públicos.

“Jamás podría pensarse o derivarse de esto que yo estoy cercenando el derecho de expresión de los fiscales. Es un absurdo. Lo he hecho con el único fin de ordenar y profesionalizar la tarea”.

A quiénes alcanzan las sanciones

Uno de los puntos que mayor revuelo había generado era el régimen disciplinario. Baigorrí fue tajante al despejar fantasmas de persecución interna:

• Los fiscales están a salvo: No habrá penalizaciones para los investigadores. Ellos siguen siendo las voces autorizadas para hablar de sus causas.

• La lupa sobre la Oficina de Comunicación: Las sanciones están dirigidas exclusivamente al personal de prensa institucional que firme compromisos de confidencialidad y filtre datos con fines políticos o distorsionados.

El funcionario aseguró que la metodología ya se aplica con éxito en la UFI de Delitos Especiales y que cuenta con el respaldo de la asociación CONFIAS, liderada por Laura Romarión.

Identidad propia: No a la fusión con los jueces

Baigorrí también marcó la cancha respecto a la relación con el Poder Judicial. Aunque mantiene un trato más armonioso con la Corte de Justicia que su antecesor, Eduardo Quattropani, descartó de plano la propuesta del Colegio de Magistrados de volver a unificar a jueces y fiscales bajo un mismo paraguas asociativo.

• La razón: “Cada uno debe mantener su identidad. La Corte tiene que ser absolutamente imparcial; nosotros tenemos la impronta de acusar y perseguir la acción penal”.

El escenario para 2027: Más cargos por la suba de delitos virtuales

De cara al próximo año, el fiscal General adelantó que solicitará formalmente a la Corte un incremento en el presupuesto para crear nuevas plazas de fiscales.

Esta necesidad urgente responde a dos factores clave:

1. El nuevo sistema acusatorio penal juvenil: Exigirá una mayor estructura y despliegue de personal.

2. La explosión del ciberdelito: El funcionario advirtió que las denuncias por grooming y estafas informáticas han crecido de forma exponencial en el último año, saturando las capacidades actuales del organismo.

Finalmente, respecto a la situación de la defensora General, Mónica Sefair, Baigorrí confirmó que, pese a haber iniciado sus trámites jubilatorios, la funcionaria no le transmitió una fecha de salida, por lo que continuará normalmente en sus funciones hasta que se produzca una vacancia efectiva.