Después de un 2024 marcado por las altisonantes protestas sociales que pusieron a la provincia en el foco de la atención nacional, este año los distintos poderes del Estado de Misiones parecen tomar la contraofensiva para poner a raya a quienes protagonizaron aquellas revueltas salariales en calles de la ciudad de Posadas y también en las rutas principales de la región.

Así se desprende del reciente anuncio que acaba de hacer el Juzgado Correccional y de Menores Uno de la capital misionera, quien le puso fecha al juicio oral contra Mónica Gurina y Leandro Sánchez, referentes del reclamo docente que el año pasado arrinconó al gobierno del Frente Renovador de la Concordia durante los meses de mayo y junio con un acampe en la transitada Avenida Uruguay del barrio posadeño Palomar y resonantes acciones derivadas.

El debate oral será el 15 de octubre. Gurina es secretaria general de la CTA Autónoma Misiones y Sánchez de la Unión de Trabajadores de la Educación de esa provincia (UTEM). Ambos están acusados de “entorpecimiento del transporte por tierra” y “desobediencia judicial”, cargos que en los hechos no revisten una condena amenazante y, por lo tanto, los pone a tiro de la excarcelación incluso cuando fueran juzgados culpables por el tribunal. Sin embargo, el proceso iniciado contra ellos parece traslucir la criminalización de la protesta social en el contextos de conflicto social, un derecho constitucional. 

Suerte similar corre Ramón Amarilla, el portavoz de los uniformados que se alzaron contra el gobierno de Hugo Passalacqua el año pasado y que está detenido de manera preventiva en la Unidad Penal de Cerro Azul, a 70 kilómetros de la capital misionera. El ex subcomisario mayor fue la principal referencia del acampe que policías montaron frente al Comando Radioeléctrico de Posadas y que logró la atención de los medios nacionales allí instalados en móviles diarios durante el último mayo.

A una cuadra de distancia, en tanto, distintos núcleos docentes también cortaron el tránsito de la concurrida Avenida Uruguay y lograron su propia visibilidad con una exigencia similar: que el gobierno provincial adecúe los haberes después de la brutal devaluación liberada por Javier Milei a poco de asumir como Presidente en diciembre de 2023. El 4 de junio, y cuando los policías ya habían abandonado las medidas de protesta después de concordar un arreglo paritario con la gestión de Passalacqua, los docentes en lucha recibieron de mano de efectivos policiales una orden judicial para desalojar la Avenida Uruguay, que para ese entonces ya se acercaba al mes interrumpida al tránsito. Según la investigación que derivó en este juicio, el personal de la educación ignoró este pedido y continuó cortando esa calle del barrio Palomar de Posadas. 

Así y todo, a fines de ese mes el Frente de Trabajadores de Educación en Lucha también llegó a un acuerdo con el gobierno misionero y depusieron sus protestas. los arreglos paritarios tanto de los policías como de los docentes fueron mucho menores a los inicialmente exigidos. Sin embargo todos coincidían que para ese entonces ya había bastante desgaste en el seno de ambos acampes. Luego, distintas fiscalías iniciaron investigaciones de oficio que condujeron al procesamiento de los referentes de los dos bandos. A un año de aquellas escenas, policías y docentes quedan a la espera de sentarse en el banquillo.