En medio del debate por el compre local, una minera de litio aseguró que ya destinó USD 1.800 millones a proveedores argentinos
Rio Tinto lanzó un nuevo Portal de Proveedores mientras el Gobierno anuncia rondas de negocios para conectar pymes con los proyectos del RIGI y crece la discusión por el costo fiscal del régimen
El debate por el compre local en el marco del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) está en el centro de la escena pública. Los grandes proyectos que el modelo identifica como motores de crecimiento se desarrollan bajo ese régimen, mientras las empresas locales —en su mayoría, pymes— tienen dificultades para insertarse en su cadena de valor. A eso se suma la discusión sobre el costo fiscal del programa y su capacidad real de generar derrame sobre el entramado productivo argentino.
En este escenario, Rio Tinto —la minera dueña de Rincón, uno de los mayores proyectos de litio del país— reveló que, entre sus operaciones en el Noroeste Argentino (NOA) y sus dos proyectos bajo el RIGI, ya canalizó más de USD 1.800 millones a proveedores argentinos.
El número surge de tres fuentes con períodos que no son idénticos entre sí. En las operaciones regulares de la compañía —los proyectos Sal de Vida (Catamarca), Sal de los Ángeles (también Catamarca) y Olaroz (Jujuy)— para el ejercicio 2025/2026, se emitieron órdenes de compra por USD 696 millones, de los cuales el 79% correspondió a proveedores nacionales.
Y los dos proyectos bajo el RIGI suman el grueso restante: Rincón, en Salta, acumula USD 941 millones en proveedores argentinos desde el inicio de la obra, mientras que Fénix 1B, la ampliación en el Salar del Hombre Muerto (Catamarca), adjudicó USD 310,7 millones a empresas locales en el cuarto trimestre 2025/2026. La suma de esos tres tramos supera los USD 1.800 millones.
El proyecto de litio Rincón, que recibió financiamiento internacional por USD 1.175 millones en marzo de organismos como la Corporación Financiera Internacional (IFC), BID Invest, Export Finance Australia (EFA) y el Banco Japonés de Cooperación Internacional (JBIC), es el más voluminoso del portafolio local.
Hasta la fecha, las órdenes de compra emitidas desde el inicio de la obra suman USD 1.419 millones, de los cuales USD 941 millones —el 66%— corresponden a proveedores del país: USD 34 millones a comunidades cercanas al proyecto, USD 428 millones a empresas salteñas y USD 479 millones al resto del país. Los pagos efectivamente realizados hasta junio de 2026 ascendieron a USD 483 millones en Argentina y USD 265 millones al exterior. En total, 236 proveedores trabajan en el proyecto, 182 de ellos argentinos.
La compañía estima que, al final de la obra, el 75% de las contrataciones habrá correspondido a empresas nacionales, contra el 25% restante de origen internacional, porción que incluye una parte relevante del paquete tecnológico. El proyecto tiene una vida útil de 40 años y apunta a producir 60.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, suficientes para abastecer aproximadamente un millón de vehículos eléctricos por año, según proyecciones de la IFC.
En Fénix 1B, por su parte, el 99% de lo adjudicado durante el período informado fue a proveedores argentinos. Catamarca concentró USD 153,6 millones, casi la mitad del monto total adjudicado en ese tramo.
Las importaciones del RIGI y un debate que se intensifica
El otro eje del debate son las importaciones que realizan los proyectos adheridos al régimen. Según un relevamiento de Federico Bernini, investigador del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP-UBA), las compras externas acumuladas por los proyectos del RIGI superaron los USD 550 millones al cierre de septiembre, el segundo registro mensual más alto desde la puesta en marcha del esquema.
Solo en ese mes, ocho proyectos realizaron importaciones por USD 95 millones, con tres iniciativas que concentraron cerca del 70% del total: GEAR (USD 33,4 millones en grupos electrógenos), Rincón Mining (USD 16,7 millones en equipos de filtrado) y VMOS (USD 16,6 millones en aparatos de medición y tubos para infraestructura energética). Para Bernini, los datos de septiembre confirman que los proyectos transitan de la etapa de aprobación a la de ejecución, aunque el proceso sigue siendo gradual y concentrado en grandes iniciativas.
Pese a la aceleración, ese volumen acumulado equivale a menos del 1% de los USD 49.766 millones de inversión comprometida por los proyectos aprobados. La mayor parte de las importaciones corresponde a bienes de capital, equipamiento y componentes de alto valor unitario que, en muchos casos, no tienen oferta local suficiente en escala, plazo o especificaciones técnicas.
La tensión entre ambas dinámicas —compras locales y compras externas— está en el centro del debate que protagonizan la Unión Industrial Argentina (UIA), el sector energético-minero y el propio Gobierno. La UIA señala que sus afiliados tienen “capacidades, conocimiento y experiencia para formar parte de los grandes proyectos de inversión”, pero reconoce que la integración requiere avances en infraestructura, cadenas productivas, carga impositiva y acceso al crédito.
Rondas de negocios para vincular pymes al RIGI
El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, respondió al debate con una iniciativa concreta: las Rondas de Negocios RIGI, cuyo primer encuentro se realizará el 29 de octubre en Rosario. El objetivo es conectar a los grandes proyectos del régimen con proveedores nacionales de bienes, servicios, tecnología y obras.
Detrás de esa iniciativa hay una tensión normativa de fondo. La Ley Bases, que incorporó el RIGI en 2024, obliga a los proyectos adheridos a contratar proveedores argentinos por al menos el 20% del monto total, siempre que exista oferta local en condiciones de precio y calidad. Ese piso está muy por debajo de los esquemas provinciales vigentes: Salta exige entre el 40% y el 70% según etapa y magnitud; Catamarca, el 70%; Jujuy, también el 70 por ciento.
Al mismo tiempo, el costo fiscal del régimen se convirtió en uno de los ejes del debate presupuestario. Según estimaciones de la consultora EcoGo, el RIGI implica un gasto tributario de USD 8.493 millones para los 23 proyectos ya aprobados, equivalente al 25% de la inversión computable. De ese total, USD 6.231 millones corresponden a recursos que resigna la Nación. La consultora calcula, sin embargo, que los mismos proyectos generarían USD 17.499 millones en recaudación a valor presente, y que el impacto fiscal neto pasa a ser positivo si aproximadamente uno de cada tres dólares invertidos no se hubiera materializado sin el régimen.
El régimen actualmente cuenta con 23 proyectos aprobados —12 de minería, 7 de petróleo y gas, 2 de energía eléctrica, 1 de siderurgia y 1 de infraestructura— y otros 24 en evaluación por USD 159.480 millones adicionales.
Fuente: INFOBAE
Por: G. Herrera
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