En el ámbito jurídico generó sorpresa la estrategia adoptada por la lista opositora Naranja, encabezada por Alejandro Savoca, en su intento por frenar las elecciones de UPCN. La decisión de acudir a la Justicia provincial fue rechazada en reiteradas ocasiones por magistrados laborales, quienes coincidieron en que el camino legal debía ser otro.
El planteo buscaba suspender los comicios previstos para el 9 de abril, pero tres jueces del fuero laboral desestimaron las presentaciones al considerar que no se habían agotado las instancias previas obligatorias. En concreto, señalaron que el reclamo debía canalizarse primero ante la Secretaría de Trabajo de la Nación y, en caso de una respuesta adversa, avanzar luego en la Justicia federal, dado el carácter nacional del gremio.
En paralelo, una resolución fue anulada por la Corte de Justicia provincial debido a “deficiencias técnicas”, lo que derivó en la intervención de otro magistrado. Este proceso implicó una pérdida de tiempo clave para la oposición en la antesala de la elección.
A pesar de los intentos judiciales, la tendencia se mantiene: la candidatura de José “Pepe” Villa, histórico dirigente del sindicato, se encamina a ser la única habilitada, lo que lo llevaría a una nueva reelección.
El primer amparo fue presentado en febrero ante el Segundo Juzgado Laboral, pero fue rechazado “in límine”, es decir, sin tratamiento de fondo. La jueza interviniente argumentó que no se había agotado la vía interna del gremio ni la instancia administrativa correspondiente.
Según la legislación vigente, ante disputas electorales sindicales, es obligatorio completar primero el recorrido dentro de los órganos del propio sindicato. En este caso, la Junta Nacional Electoral de UPCN recién se expidió el 7 de marzo, ratificando la exclusión de la lista de Savoca.
Además, la normativa establece que, tras agotar las instancias internas, debe intervenir la Secretaría de Trabajo como autoridad de control, paso que tampoco había sido cumplido por la oposición al momento de acudir a la Justicia.
Incluso, se remarcó que, en caso de judicializar el conflicto, la competencia corresponde a la Justicia Nacional del Trabajo, no a los tribunales provinciales.
Pese a estos antecedentes, la semana pasada se presentó un nuevo amparo con pedido de cautelar, que recayó en otro juzgado laboral. La magistrada interviniente reiteró los argumentos previos y se declaró incompetente.
El expediente pasó entonces por distintas instancias, incluida la Cámara de Apelaciones y la Corte provincial, hasta ser nuevamente sorteado. El último juez en intervenir volvió a rechazar la presentación por considerar que existían vías administrativas previas no utilizadas.
Actualmente, la causa se encuentra apelada ante la Cámara laboral local, aunque no se esperan cambios en el criterio adoptado hasta el momento. Con los tiempos prácticamente agotados, el escenario más probable es que las elecciones se desarrollen sin competencia, con Villa como único candidato.
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