El peor negocio: Quisieron quedarse con una fortuna que la minera les pagó de más y firmaron tres años de prisión

Tras recibir una indemnización duplicada por $110 millones y transferir el dinero a otra cuenta, Roberto Sarmiento y su esposa evitarán la cárcel mediante un juicio abreviado. El acuerdo se definirá la próxima semana en los tribunales de San Juan.

El caso policial y financiero que mantuvo en vilo al país durante más de un año está a un paso de cerrarse. Roberto Dany Sarmiento y su esposa, Myriam Muñoz, aceptaron una condena de tres años de prisión en suspenso tras haber retenido y desviado una transferencia millonaria que una empresa minera les envió por error.

Si la Justicia homologa el acuerdo el próximo 16 de junio, la pareja evitará la prisión efectiva, aunque quedará sujeta a estrictas reglas de conducta. La audiencia será liderada por el fiscal Guillermo Heredia (UFI de Delitos Informáticos y Estafas) y el abogado defensor Omar Quiroga. Dado que los imputados viven en San Luis, se prevé que asistan de forma virtual.

La tentación de los 110 millones duplicados

La trama comenzó a finales de 2024, cuando Sarmiento fue desvinculado de la empresa Minera Andina del Sol tras trabajar 15 años en el yacimiento Veladero, en Iglesia. Por su salida, recibió una indemnización legítima de $107 millones. Sin embargo, días después, un fallo administrativo provocó que la compañía replicara el pago de forma idéntica.

Al notar el error, la minera contactó al exoperario. Aunque Sarmiento prometió devolver el dinero una vez que impactara en su cuenta, los fondos nunca regresaron.

El movimiento clave: Lejos de congelar el dinero, la investigación penal demostró que el acusado transfirió de inmediato los fondos duplicados a una cuenta a nombre de su esposa, Myriam Muñoz. Esta maniobra transformó un “error contable” en una causa penal por presunta estafa, provocando la imputación de la mujer y el bloqueo inmediato de todas sus cuentas bancarias.

Una disputa de provincias que dilató el cierre

El expediente no estuvo exento de idas y vueltas geográficas. Al principio, se debatió si la causa debía juzgarse en San Luis (provincia de residencia del matrimonio) o en San Juan. Finalmente, el juez de Impugnación Renato Roca determinó que la competencia correspondía a San Juan, ya que fue allí donde la empresa sufrió el perjuicio económico.

Con el escenario judicial definido y las pruebas sobre la mesa, la defensa y la fiscalía optaron por un juicio abreviado para evitar el desgaste de un debate oral. Con esta resolución, uno de los errores bancarios más caros y mediáticos del último tiempo entra en su capítulo final.