El oficialismo impulsa la prórroga de las emergencias públicas hasta 2026 e incorpora a OSSE en la hídrica

El interbloque oficialista Cambia San Juan presentó en la Cámara de Diputados una serie de proyectos para prorrogar hasta el 31 de diciembre de 2026 las distintas emergencias públicas vigentes en la provincia. La medida alcanza las áreas económica y financiera; social alimentaria; sanitaria; de seguridad; hídrica y de obra pública, cuya vigencia actual vence a fin de este año.

La novedad más importante es la incorporación de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE) dentro de la Emergencia Hídrica, una modificación que le otorga nuevas facultades para realizar restricciones o priorizaciones de uso del agua, efectuar contrataciones directas de obras y servicios indispensables y reasignar recursos para garantizar el abastecimiento de agua potable y saneamiento en un contexto de crisis hídrica.

Las emergencias públicas son herramientas legales que distintos gobiernos provinciales han utilizado ante escenarios de crisis económica y social, y que se han renovado periódicamente a medida que se acercaba su vencimiento. En el caso de la emergencia económica y financiera, por ejemplo, la norma impide el embargo de fondos coparticipables, bienes y cuentas del Estado, además de suspender los juicios de ejecución de sentencia contra organismos públicos. El objetivo es proteger el erario y garantizar la estabilidad administrativa.

Este martes, a las 12 horas, se llevará adelante la reunión de labor parlamentaria para definir los temas que se tratarán en la sesión de este jueves. Se espera que las prórrogas tomen estado parlamentario y, como suele ocurrir, se debatirán en conjunto con el Presupuesto 2026. Además, se prevé la designación del fiscal General de la Corte y la extensión de las sesiones ordinarias hasta fin de año.

Entre las prórrogas contempladas, se mantiene la suspensión de los juicios hipotecarios y desalojos de familias en situación de vulnerabilidad, especialmente los vinculados con los barrios Jardín del Milagro, Portal de los Andes, Solares de San Juan y Solares de Otoño, construidos o financiados por cooperativas y empresas privadas investigadas.

En el área sanitaria, la norma permitirá al Ejecutivo realizar contrataciones directas para la compra de insumos médicos, medicamentos, equipamiento hospitalario y repuestos, mientras que en lo social alimentario, se autoriza la compulsa abreviada para la adquisición de productos destinados a programas de asistencia.

En materia de seguridad, la ley faculta al Gobierno a modificar estructuras de la Policía y del Servicio Penitenciario, reasignar funciones o crear nuevas unidades.

Finalmente, la emergencia en obra pública permitirá reformular contratos y redeterminar precios de obras en ejecución, una medida clave ante la alta inflación que afecta los costos del sector.

Con este paquete de proyectos, el oficialismo busca asegurar continuidad en la gestión y flexibilidad administrativa hasta 2026, en un escenario económico aún incierto a nivel nacional.