El Nazario Benavidez, ante un nuevo escenario: deberá alojar menores condenados desde los 14 años

La implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil abrirá una etapa inédita para el Instituto Nazario Benavidez, que deberá adecuarse para alojar a adolescentes de entre 14 y 17 años, tanto condenados como bajo prisión preventiva con medidas socioeducativas.

La normativa, que comenzará a regir en septiembre, establece que los menores en conflicto con la ley penal deben ser alojados en “institutos especializados de detención”. En San Juan, ese rol recaerá en el Nazario Benavidez, que atraviesa un proceso de remodelación impulsado por el Gobierno provincial desde el año pasado.

El cambio no es menor. Hasta ahora, el instituto funcionaba principalmente como un espacio para aplicar medidas socioeducativas a jóvenes detenidos de manera preventiva. De hecho, durante 2025, de casi 900 adolescentes imputados, solo unos 20 pasaron por el lugar, con un promedio simultáneo de entre cinco y seis alojados.

Con la nueva ley —Ley 27.801— se habilita la posibilidad de aplicar penas privativas de la libertad a menores desde los 14 años, lo que modifica de raíz el esquema vigente, que postergaba el cumplimiento efectivo de condenas hasta la mayoría de edad.

Este nuevo escenario plantea desafíos clave. Uno de los principales es la convivencia dentro del instituto entre jóvenes con distintas situaciones judiciales: algunos con condena firme y otros bajo medidas cautelares con enfoque socioeducativo. Especialistas advierten que esta “mezcla” puede resultar conflictiva si no se establecen espacios diferenciados.

La propia ley contempla esta problemática al establecer que los adolescentes deben ser alojados según la “naturaleza cautelar o punitiva” de su situación, así como también respetando las franjas etarias. Esto implica separar, por ejemplo, a jóvenes de 14 y 15 años de aquellos de 16 y 17.

En paralelo, el Gobierno avanza con obras de reacondicionamiento que ya superan el 70% de ejecución. Los trabajos incluyen la refuncionalización del edificio histórico —que data de la década del ’50— y la construcción de nuevos espacios, como aulas, áreas de salud, oficinas administrativas y sectores destinados a encuentros con defensores y jueces.

Además, se edifica una casa residencial con capacidad para 20 personas, con habitaciones, sanitarios y espacios preparados para eventuales ampliaciones. También se incorporaron áreas para visitas familiares, en línea con el enfoque integral que promueve el nuevo régimen.

Más allá de la infraestructura, el impacto también se sentirá en el sistema judicial. Se estima que la cantidad de causas podría incrementarse en torno al 35%, debido tanto a la baja de la edad de imputabilidad como a la obligatoriedad de investigar todos los delitos, incluso los de menor gravedad.

En ese contexto, uno de los debates abiertos es la necesidad de avanzar hacia un sistema penal acusatorio en el fuero juvenil, que permita aplicar mecanismos alternativos como la conciliación o la reparación del daño, hoy limitados en la práctica.

Aunque la ley establece que la privación de la libertad debe ser el último recurso, también fija un esquema de sanciones progresivas que incluye desde medidas como la amonestación o tareas comunitarias hasta, en última instancia, el alojamiento en institutos especializados.

El desafío, entonces, será doble: adaptar la infraestructura y, al mismo tiempo, garantizar que el nuevo régimen se aplique respetando los derechos de los adolescentes, en un sistema que ya funciona al límite y que deberá responder a una demanda creciente.