El Gobierno afina estrategia para cosechar votos de cara al debate del Presupuesto 2025 y ley Hojarasca
Para el año próximo el Gobierno espera que la economía crezca 5%, la inflación se desacelere a 18,3%, que el dólar oficial avance a un ritmo semejante a los precios ubicándose en $1.207en diciembre, un superávit primario de 1,3% del PBI y equilibrio en el resultado financiero del Tesoro. Estos son los principales datos macroeconómicos contenidos en el proyecto de presupuesto que el Poder Ejecutivo elevó al Congreso.
Además busca la aprobación ley Hojarasca donde se proponen eliminar 70 leyes que el Gobierno considera «obsoletas o en desuso». El texto sostiene «la necesidad de eliminar toda legislación que no se condice con los tiempos que corren ya sea por su carácter obsoleto, inútil, o por haber sido superado por normativas posteriores, por tratarse de legislación sobre temas de escasa relevancia o trámites inútiles que generan o incrementan costos para los ciudadanos».
ntre las leyes que suprimirá el gobierno se destaca a la 18.832 de 1969, promulgada durante la dictadura de Juan Carlos Onganía, que «creó un fondo para controlar la producción de papel de diarios y condicionar a la prensa escrita. Asimismo, propone eliminar la ley 14.034 del gobierno de Juan Domingo Perón que impone penas para los argentinos que «por cualquier medio propiciare la aplicación de sanciones políticas o económicas contra el Estado argentino».
La ley Hojarasca también propone eliminar la ley 20.120 del gobierno de Alejandro Lanusse que «habilita al Estado a prohibir reuniones privadas entre ciudadanos» y se derogar la 19.787 de 1972 que «restringe la libre elección de temas musicales en la programación de las radios».
Además, impulsa la supresión de dos leyes del gobierno de María Estela Martínez de Perón: la ley 20.802 que «impide la libre circulación por el país», la ley 20.959 que «deroga el permiso de libre estacionamiento para legisladores en todo el país» y la ley 20.983 que «obliga a ciertas industrias a difundir temas de interés del Estado en forma compulsiva».
También se propone la eliminación de dos leyes del gobierno de facto de Reynaldo Bignone. Por un lado, la ley 22.875 que «permite al Estado exigirle a empresas privadas la relocalización de sus actividades productivas» y la norma 22.964 de 1983, que «habilita el confinamiento forzoso de enfermos de lepra».
Fuente: ÁMBITO
Por: Graciela Herrera
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