El Gobierno priorizará la reglamentación de Ganancias y demorará dos meses para poner en marcha la Ley Bases
La necesidad de recaudar se impone en el planeamiento normativo. El RIGI, la reforma laboral y las privatizaciones son los puntos más complejos, que llevarán más tiempo. Santiago Caputo centraliza los avances de las áreas legales de los ministerios y secretarías en la Casa Rosada. Dudas por las amenazas de judicialización
De la teoría a la práctica, tras la agónica aprobación de las versiones “posibles” de la Ley Bases y el paquete fiscal, el Gobierno priorizará la reglamentación de los capítulos fiscales, especialmente la restitución del Impuesto a las Ganancias, si es que no se judicializa, y la declaración de la emergencia para otorgarle facultades delegadas extraordinarias al Presidente. Sin embargo, el grueso de los ejes de ambos paquetes estarían vigentes recién dentro de dos meses, advierten en la Casa Rosada, para evitar expectativas desmedidas sobre la aplicación de las normas que tratan de impulsar desde hace seis meses y vieron la luz anoche.
“Algunos puntos son prioritarios, otros llevarán más tiempo, todo depende del área”, deslizaron en Balcarce 50 en la previa de la votación. También, con cautela por el fantasma de una judicialización luego de los crecientes planteos que empezaron a vociferar renombrados constitucionalistas durante las últimas semanas y que tomaron como referencia, también, referentes de la oposición dura.
La redacción de las normas está repartidas en las carteras correspondientes a cada capítulo. Principalmente, Capital Humano, de Sandra Pettovello, con las secretarías de Trabajo de Julio Cordero; de Coordinación Legal y Administrativa, de Juan Etchenique; y Economía, de Luis Caputo; con los titulares de Energía y Minería, Eduardo Rodríguez Chirillo y Luis Lucero; y el secretario legal, José García Hamilton.
En la Presidencia, en contraste con anteriores gestiones, la secretaría de Legal y Técnica que conduce el experimentado técnico Javier Herrera Bravo, segundo de Pablo Clusellas durante la administración de Mauricio Macri, no está trabajando en ninguno de los documentos, sino que se ocupará de la revisión final. En cambio, centraliza la acción el área normativa “paralela” que comanda desde la sede del gobierno nacional la abogada María Ibarzábal, funcionaria del riñón de Santiago Caputo, junto a técnicos de muy bajo perfil del ministro coordinador, Guillermo Francos.
En Gobierno adelantan que poner a punto la mayor parte de los proyectos les llevaría aproximadamente dos meses, una cantidad de tiempo generosa. “Hay que pulir bien todo, y esperar el circuito normativo”, justificaron la serenidad en Balcarce 50. Aunque avisaron que las facultades para Milei, por ejemplo, para intervenir organismos y modificar leyes impositivas sin pasar por el Congreso, saldrían “rápido”, sin dar fechas.
Por caso, en Trabajo, donde viven los encargados de la reforma laboral, dijeron que aún no arrancaron a diseñar los documentos, y que las primeras reuniones tendrán lugar la semana que viene, desde el lunes, aunque no brindaron mayores detalles. “Primero tienen que aprobarla, después se empieza a ver eso”, dijeron, pacientes, ante una consulta de Infobae.
Al contrario, en Economía tienen el pie clavado en el acelerador, y la prioridad es Ganancias. “No es lo mismo que se aplique en julio que en agosto, un mes es una diferencia importante para la recaudación. Estamos con los plazos muy justos”, dijo un importante referente libertario, atento a los tiempos del apretado plan monetario de Luis Caputo.
Efectivamente, en ese plano ya hubo varios encuentros para afinar la letra chica de la regulación, donde intervienen también los abogados de la AFIP. Y tienen prisa, aunque en menor medida, por Bienes Personales y el blanqueo. De hecho, se creó para todo el paquete fiscal una “comisión de tres patas”, como la llamó un funcionario, compuesta por representantes de Economía, la AFIP y la Presidencia.
Así como es menester en el cortísimo plazo la celeridad en la restitución del viejo mínimo no imponible de Ganancias, que será llevado a 1,8 millones (y 2,2 para los casados con hijos), se atrasarían las privatizaciones de AySA, Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Corredores Viales, Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), Belgrano Cargas y Logística, Yacimiento Carboníferos de Río Turbio, Enarsa e Intercargo, por las “complejidades” jurídicas que conllevan. Al igual que el Régimen de Incentivo a Grandes Inversiones (RIGI) que esperan ansiosos los gobernadores, especialmente en las provincias mineras del Norte y las productoras de hidrocarburos, en el Centro y el Sur del país. “Ganancias podría estar saliendo en julio. No es demasiado complejo. El RIGI sí es un poco más complicado”, dijeron fuentes gubernamentales.
Llamativamente, el asesor en regulaciones estatales, Federico Sturzenegger, no tuvo injerencia en la reglamentación de la norma más importante del Gobierno, que implicará un severo achicamiento del Estado en la parte funcional y operativa de ministerios, secretarías, direcciones, empresas públicas, organismos descentralizados y cualquier sector que dependa de las cuentas públicas. En cambio, sus intervenciones como asesor “ad honorem” están suspendidas a la espera de que se concrete la creación del Ministerio de Modernización que, dijo un funcionario ayer, en el fresco del Patio de Palmeras, “se enfrió” por diferencias con el dúo de los Caputo sobre el alcance que debería tener el nuevo área.
Milei tiene planeado festejar de manera acotada hoy la aprobación de su proyecto fundacional. Se reservará las energías para el 8 de julio por la noche, cuando le dará la bienvenida al Día de la Independencia con la firma del Pacto de Mayo en una vigilia en Tucumán. Para entonces, según los cálculos del Gobierno, sólo estará en marcha una parte del paquete normativo. Quizá, la suba de impuestos con la que, dice, quiere terminar.
Fuente: Infobae
Rivero. C
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