El Gobierno prepara una reforma laboral a fondo y apunta contra la “industria del juicio

Con la mira puesta en la segunda mitad de su mandato, el Gobierno de Javier Milei ya trabaja en un nuevo paquete de reformas que planea enviar al Congreso en diciembre, con la expectativa de contar con una mayor representación legislativa tras las elecciones de medio término. Entre los proyectos considerados prioritarios, la reforma laboral se perfila como uno de los ejes centrales.

Según confirmaron altas fuentes de la Casa Rosada, la intención es avanzar con cambios estructurales en la legislación vigente, con especial énfasis en el sistema de indemnizaciones. La iniciativa surge como respuesta a lo que desde el oficialismo y el sector empresario califican como una “industria del juicio laboral” que estaría afectando gravemente a las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Reformas anteriores y litigios crecientes

Si bien la Ley Bases ya introdujo cambios como la creación de un régimen para trabajadores independientes con colaboradores y ajustes en la promoción del empleo registrado, estos no alcanzaron para contener la escalada judicial. Según informes privados, los litigios laborales siguen en aumento y en muchos casos generan fallos millonarios considerados desproporcionados por el empresariado.

Entre los casos más resonantes, se destacan los fallos «Oliva» y «Lacuadra», donde la Corte Suprema declaró inconstitucionales sentencias laborales por considerar que los montos eran arbitrarios y excedían toda razonabilidad. En uno de ellos, el capital original de $2 millones escaló a más de $165 millones tras la aplicación de intereses, multas y actualizaciones, lo que representó un aumento del 7.745%.

Sin embargo, como los fallos del Máximo Tribunal no son vinculantes para tribunales inferiores, muchas sentencias similares continúan replicándose en la Justicia laboral, generando incertidumbre jurídica y desconfianza en el sector productivo.

El impacto en el empleo y las pymes

Según un informe presentado en el Senado, más del 50% de las pymes del país enfrenta actualmente algún tipo de litigio laboral, y se estima que este año las demandas superarán los 132.000 casos, marcando un nuevo récord.

En Argentina existen alrededor de 400.000 pymes que emplean en promedio a 10 personas. Los especialistas advierten que si apenas el 20% de ellas cerrara por juicios laborales, el impacto en el empleo sería devastador: se perderían unos 800.000 puestos de trabajo.

“La combinación de juicios, multas y actualización de intereses hace inviable contratar personal en blanco”, sostiene el abogado Carlos Cedro, quien compara la situación con la lógica garantista en el fuero penal. “En lo laboral, hay una fuerte influencia de la doctrina Recalde, respaldada por sindicatos y sectores de la Justicia que bloquean cualquier intento de modernización”, afirma.

Cedro ejemplificó con el caso de una médica que inició un juicio tras renunciar informalmente. Aunque reclamó un millón de pesos en 2017, la sentencia definitiva —con intereses, costas y actualización— superó los $125 millones en 2025, una cifra que considera injustificable y destructiva para una pyme.

Fondo de Cese y expectativas legislativas

Mientras tanto, el Banco Central ya habilitó las cuentas especiales para el Fondo de Cese Laboral, una herramienta que apunta a reemplazar el sistema tradicional de indemnizaciones por un fondo previsible y acumulativo, similar al modelo utilizado en la industria de la construcción.

En diciembre, el oficialismo buscará avanzar con una reforma laboral más amplia. Según fuentes de la Casa Rosada, la propuesta contemplará nuevas figuras contractuales, modificaciones al régimen de despidos y límites a las actualizaciones judiciales.

La apuesta es ambiciosa y no estará exenta de resistencia por parte de los gremios y de sectores de la oposición. Pero en el Gobierno aseguran que sin una reforma laboral de fondo, será difícil lograr la reactivación del empleo formal y la estabilidad jurídica para invertir en la Argentina que viene.