El Gobierno planea una nueva sesión en Diputados para aprobar la ley Hojarasca
La estrategia oficialista incluye tratarlo el próximo martes en comisiones para llevarlo al recinto al día siguiente. Buscan un triunfo antes de la presentación de Manuel Adorni.
Otra complicación que este medio pudo constatar proviene del malestar que surgió en aliados al oficialismo, dado que la Ley Hojarasca elimina el aporte estatal nacional al Círculo de Legisladores de la Nación Argentina y a la Federación Argentina de Municipios, cajas que los vinculan. “Que sea lo último que nos piden”, remarcó un diputado provincialista, que ilustró el ánimo general de los alineados.
Ley Hojarasca: qué dice el proyecto
Dentro de las decenas de leyes que se buscan eliminar, se encuentran varias que quedaron vetustas: una que autoriza las emisiones de televisión a color; la que otorga un premio a quien descubra una mina de carbón; la que inhabilita por 10 años a cualquier autoridad que mande a azotar a una persona; o la que crea una matrícula de las palomas mensajeras de carrera, cuya obligación recae en la Federación Colombófila Argentina.
A su vez, también derogaría la ley que crea el “carnet de mochilero” que pretendía ser obligatorio para aquellas personas que viajen “a dedo”. Una de las más peculiares es la eliminación de de la figura de “Padrinazgo Presidencial”, que busca blindar la responsabilidad de un séptimo hijo varón –con los años se incluyó a la séptima hija mujer– de un mismo matrimonio de la tutela simbólica del Presidente de la Nación en caso que se convierta en el lobizón.
Hay otros que cuentan con una lógica concreta, pero que se incluirán en el paquete de derogaciones por no alinearse con los objetivos del Gobierno. Por ejemplo, la Ley N° 14.800, que obliga a quien demuela una propiedad con salas de teatro construir un teatro con características similares a la propiedad demolida; o la Ley N° 21.159 que obliga al personal de la Administración Pública Nacional que cumple funciones relacionadas con el turismo a tener un curso de formación turística. También se terminaría con la Ley 16.789, que establece que los funcionarios que adquieran automóviles destinados a su servicio, “deben comprarlos entre los productos de la industria automotriz nacional”.
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