El secretario de Trabajo, Julio Cordero, avanzará desde esta semana con el decreto reglamentario de la modernización laboral aprobada en la Ley Bases: su idea es tratar de acordar con la CGT�la redacción de algunos puntos para atenuar�los efectos de los artículos que objetan los sindicalistas.

A su vez, la mesa chica de la CGT se reunirá en los próximos días para alcanzar una tregua interna en la pelea entre los dialoguistas y Pablo Moyano (Camioneros) y, además, se analizarán tanto la posible negociación con Cordero por la reforma laboral como la invitación de Javier Milei al Pacto de Mayo.

Luego de que se aprobó el dictamen de la Ley Bases en el Senado, con dos agregados en el capítulo laboral al proyecto aprobado en Diputados, Cordero ya le había advertido a la CGT que en la reglamentación de la norma estaba dispuesto, por ejemplo, a precisar los alcances del artículo que crea la figura del trabajador independiente que puede tener a su cargo hasta otros 3 trabajadores autónomos para llevar adelante un emprendimiento productivo, cuestionado por los abogados de los gremios porque dicen que implica la “desprotección laboral” con esa modalidad de trabajo.

De todas formas, no será el único artículo que será “adaptado” en el decreto reglamentario para evitar que la CGT pilotee una embestida ante la Justicia para anular�la aplicación de la reforma laboral de la Ley Bases. Esta semana habrá cumbre de abogados sindicales para decidir los puntos que quieren corregir y, si lo aprueba la mesa chica cegetista, habrá un encuentro con técnicos de la Secretaría de Trabajo para tratar de llegar a una reglamentación de la iniciativa que deje conformes a todos.

La propuesta de Cordero es otro de los gestos del Gobierno para bajar las tensiones con la CGT, así como la flexibilización de la pauta salarial -anticipada por Infobae– para que los sindicatos puedan negociar aumentos con 1 o 2 puntos por encima de las previsiones inflacionarias de junio y julio.

El sector dialoguista de la CGT está conforme�con los 42 artículos eliminados�de la reforma laboral, que negoció en secreto con el Gobierno y con el diputado Miguel Ángel Pichetto, del bloque Hacemos Coalición Federal, y tomó una decisión que critican sus pares combativos: por ahora no presentará ninguna impugnación judicial�de algunos artículos de la Ley Bases que aún critica y delegará�esa tarea en la iniciativa individual�de cada sindicato que se considere afectado por la norma.

Uno de los artículos de la modernización laboral que el Sindicato de Camioneros objetará ante la Justicia es el que penaliza los bloqueos contra las empresas al considerarlos “grave injuria laboral”, una figura que les da a los empleadores amplias facultades para despedir con causa a trabajadores que participan de ese tipo de medidas. Ese punto, sin embargo, afecta más a los Moyano y a la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República (ATILRA), liderado por Héctor Ponce, que han hecho de los bloqueos su modalidad favorita para instrumentar sus protestas.

La reforma laboral convertida en ley la semana pasada no es la que proyectaba Milei cuando le ganó el balotaje a Sergio Massa, pero fue la posible�a la luz de las dificultades para negociar y buscar alianzas en estos casi 7 meses de intentos por sancionar cambios legislativos en el mundo del trabajo con la expectativa de generar empleo genuino�y frenar -aunque sea en parte- al poder sindical.

El Gobierno tuvo que resignar 42 artículos de los 58 originales que contenía su propuesta de modernización laboral, a la que incluso tuvo que rebautizar�para quitarle el concepto de “reforma” que la CGT demonizó a partir del escándalo por los sobornos en el Senado durante el gobierno de la Alianza. Gracias a esas concesiones, la administración libertaria pudo enhebrar trabajosos apoyos en la oposición dialoguista que le permitieron llegar a este tardío “final feliz” con la sanción de la ley.

En el camino, claro está, hubo claros retrocesos en los intentos iniciales de ponerles límites al sindicalismo. Con los cambios en la reforma laboral quedó a salvo la “caja sindical”�porque se quitó del texto la limitación a las cuotas solidarias, clave del financiamiento de los gremios con los aportes de todos los trabajadores, no sólo de los afiliados, y se suprimieron�la limitación de la huelga en servicios esenciales como la educación; la modificación de la ultraactividad de los convenios colectivos y la sanción de las asambleas que se convierten en paros encubiertos, entre otros puntos.

Aunque prospere la negociación Gobierno-CGT por el decreto reglamentario, quedará el otro gran frente de conflicto�con el sindicalismo: será imposible un acuerdo sobre la restitución del Impuesto a las Ganancias, que gremios con trabajadores de sueldos altos, como los bancarios, los aceiteros y los petroleros, entre otros, denunciarán como ilegítima�ante la Justicia porque salió con el voto de una sola cámara ya que el Senado lo había rechazado y el oficialismo logró los apoyos para insistir en su sanción en Diputados. El mejor ejemplo lo dará este mediodía la Mesa Sindical “El Salario No Es Ganancia”, que integran más de 65 gremios, que dará una conferencia de prensa para confirmar que denunciará ante la Justicia que el retorno del Impuesto a las Ganancias es “inconstitucional”.

Fuente: Infobae

Rivero. C