El Gobierno impulsa una reforma educativa total: avanza un proyecto para reemplazar la Ley Nacional vigente desde 2006

El Gobierno nacional dio el primer paso hacia una transformación profunda del sistema educativo argentino. En una reunión del Consejo de Mayo, presentó el borrador de un proyecto de Ley de Libertad Educativa que busca derogar y sustituir la Ley de Educación Nacional Nº 26.206, vigente desde 2006. La propuesta se centra en la “educación básica”, que abarca los niveles inicial, primario y secundario, y mantiene sin cambios la legislación que rige a las universidades.

Entre los puntos más disruptivos, el texto habilita formalmente la educación en el hogar, conocida como home schooling, como una de las “formas alternativas de enseñanza”. Esta modalidad podrá coexistir con la educación híbrida —que combina instancias presenciales y virtuales— y la educación a distancia, sin fijar una edad mínima para su implementación. En el caso de quienes estudien en casa, los aprendizajes deberán acreditarse a través de exámenes periódicos.

El borrador también abre la puerta a que las provincias ofrezcan enseñanza religiosa confesional en las escuelas públicas, siempre de manera optativa y fuera del horario escolar. Además, habilita a las instituciones educativas a diseñar planes de estudio propios, que convivirán con los programas comunes que definen los ministerios.

Otra de las modificaciones relevantes es la declaración de la educación básica como “esencial”, lo que obligará a garantizar la continuidad mínima del servicio ante medidas de fuerza. Según fuentes del Ministerio de Capital Humano, el proyecto —que consta de 136 artículos— retoma y amplía conceptos incluidos originalmente en el capítulo educativo de la primera Ley Bases de 2023, trabajados por Federico Sturzenegger y posteriormente desarrollados por la Secretaría de Educación y el Ministerio de Desregulación.

El enfoque central del nuevo marco normativo se apoya en la “libertad educativa”, concepto que aparece mencionado 27 veces a lo largo del texto, por encima de las referencias al Estado, que queda relegado a un rol “subsidiario” respecto de las familias y la sociedad civil. El primer capítulo, que fija los lineamientos ideológicos, redefine el sistema educativo nacional como un entramado organizado tanto por la sociedad como por el Estado.

Allí se establecen tres principios rectores: la libertad educativa, el rol preferente de la familia como agente primario de la educación de los hijos y la subsidiariedad estatal. Aunque el proyecto ya no define a la educación como un “bien público”, mantiene la gratuidad desde sala de cuatro hasta el último año del secundario. También contempla la continuidad de los contenidos mínimos comunes —los actuales Núcleos de Aprendizajes Prioritarios (NAP)— para asegurar la cohesión del sistema en todo el país.

Desde el Gobierno remarcan que se trata aún de un borrador sujeto a debate, pero su presentación marca el inicio de una discusión que promete reconfigurar por completo el modelo educativo argentino.